Tratado de Lisboa... REGALO SORPRESA DE LA UE

Acción de calle contra el Tratado de Lisboa

2007-12-20T00:03:00.000+01:00

Acción callejera contra el Tratado de Lisboa

2007-12-15T00:27:00.003+01:00

Petición de un referéndum sobre el nuevo Tratado Europeo

2007-12-14T14:02:00.000+01:00

Petición para suscribir un llamamiento unitario contra la adopción sin referéndum del nuevo Tratado de la UE

En 2005, las ciudadanas y ciudadanos de Francia y Holanda rechazaron la "constitución" europea que los Jefes de Estado de Gobierno habían adoptado. En varios países, este tratado no se ha ratificado nunca. A finales de junio de 2007, los Jefes de Estado y de Gobierno lanzaron por la vía rápida un nuevo Tratado europeo, sin debate popular, sin referéndum.

Contrariamente a lo que dicen algunos gobernantes no se trata de un "minitratado”. Bajo otro nombre y otra forma, este tratado conserva la parte fundamental de la "constitución" rechazada.

Así, en contra de lo que se ha afirmado, "el respeto a la economía abierta de mercado donde la competencia es libre" seguirá siendo la piedra angular de la construcción europea, a la cual se supedita todo. No se tienen en cuenta ninguna de las principales exigencias planteadas en el debate sobre el Tratado constitucional: los servicios públicos, la igualdad hombre-mujer, la laicidad, la conservación del medio ambiente y los recursos no renovables, la Europa social, el rechazo de la libre circulación de capitales y del dumping fiscal, el exceso de poder y de atribuciones del Banco Central Europeo (BCE), la defensa de una política de paz, el funcionamiento democrático de la Unión Europea. Nada de nada.

Los servicios públicos permanecen sujetos a las normas de la competencia. Se mantiene la referencia a las "herencias religiosas". No se ha levantado ninguno de los de los obstáculos que impiden la mejora de la legislación social. Las políticas medioambientales se diluyen como consecuencia de las opciones económicas ultraliberales. Se preserva el poder del BCE. Se consolida la inclusión de la defensa europea dentro de la política de la OTAN, es decir, su sumisión a los Estados Unidos y la militarización de Europa. La Carta de "Derechos Fundamentales", que era ya muy insuficiente, se vacía de todo contenido práctico. Y, tal como estaba previsto en el Tratado constitucional, no hay cambios reales en el sistema institucional actual, que sigue siendo profundamente antidemocrático. En resumen , nos encontramos con todo lo necesario para convertir a Europa en una zona sometida a la aplicación del libre comercio y a la promoción de las políticas neoliberales, en lugar de una Europa que pueda ser construida democráticamente, proponiendo otra vía diferente que no suponga el coto de actuación de las multinacionales y de los mercados financieros.

Somos firmes partidarios de una Europa emancipada de esta tutela de las potencias financieras, dispuestos a rechazar las políticas agresivas de dominación y las intervenciones militares, y capaces de poner en marcha nuevas relaciones internacionales, en particular, con los países del Sur. Queremos una Europa basada en el rechazo de todas las discriminaciones, el respeto efectivo de la diversidad cultural y la convergencia hacia arriba de los derechos sociales, de las normas medioambientales y de la protección de los consumidores. Queremos una Europa construida sobre la voluntad y la soberanía popular. Por esta razón rechazamos este nuevo Tratado. Y hacemos una propuesta: la elaboración de un nuevo texto constituyente tras un proceso democrático, popular y transparente; y a continuación su ratificación por referéndum en todos los Estados.

Hacemos un llamamiento a tod@s aquell@s que quieren esta Europa a movilizarse allí donde estén, a hacer converger sus iniciativas y a unir sus fuerzas para explicar el verdadero contenido del nuevo Tratado, denunciar el engaño y abrir una nueva perspectiva de una Europa democrática, social, ecológica y solidaria. Para evitar que el pueblo intervenga y participe, el gobierno Zapatero quiere hacer adoptar el nuevo Tratado por la vía parlamentaria. Nada dice que pueda hacerlo. Los ciudadanos y los cargos electos, cualquiera que haya sido su voto, deben oponerse a que la democracia y la voluntad popular sean menospreciadas y deben exigir un nuevo referéndum.

Noviembre 2007

Algunas organizaciones que han suscrito esta petición en Europa: Attac France / ¡cCa! / Alter / AlterEkolo / Alternativos / Alternativa Ciudadana Genevilliers 92 / APEIS - Cactus la Izquierda / Colectivo de los Socialistas para el Renacimiento de la Izquierda (CSPRG) / Confederación Campesina / Convergencia Ciudadana para una Alternativa a la izquierda (CCAG) / Convergencia para la defensa y el desarrollo de los servicios públicos / Coordinación de los Grupos de Mujeres Igualdad / Coordinación nacional de los colectivos antiliberales / Democracia y Socialismo / Federación de las Asociaciones de los Trabajadores y Jóvenes (DIDF) / Fundación Copérnico / Fuerzas Militantes / LCR - Marchas europeas / MARZO -Izquierda Republicana / PCF / PCOF - para la República Social (PRS) / Red Feminista Rupturas / Unión de familias laicas.

De la CEE a la UE “superpotencia mundial” (Roma, 1957-Lisboa, 2007)[1]

2007-12-08T22:38:00.000+01:00

50 años de la “Europa” del capital culminan con el nuevo Tratado de Reforma [1]

Ramón Fernández Durán

Ecologistas en Acción

“Con las nuevas amenazas la primera línea de defensa estará a menudo en el extranjero (...) Varios países y regiones corren el riesgo de resultar atrapados en una espiral de conflicto, inseguridad y pobreza (...) Hay que estar preparados para actuar antes de que se produzca una crisis (…) Una serie de países se han situado al margen de la sociedad internacional (...) Algunos han buscado el aislamiento. Otros vulneran persistentemente las normas internacionales. Es conveniente que estos países puedan unirse a la comunidad internacional. Aquellos que no desean hacerlo deberán comprender que han de pagar un precio, incluso en sus relaciones con Europa”

“Una Europa segura en un mundo mejor”, Estrategia de Seguridad Común para Europa (Documento Solana), Salónica, junio, 2003

“No hay ningún interés ahora en tener el apoyo de los ciudadanos europeos, como era la intención con la falsa (y rechazada) Constitución Europea, porque con el nuevo Tratado de la Reforma de la UE (que la sustituirá) cuanto más lejos estén, mejor”

“Europa, la gran derrotada”, Ignacio Sotelo, EL PAÍS, julio, 2007

Los orígenes del “proyecto europeo”

Tras la Segunda Guerra Mundial, Europa era un territorio desolado, con un balance de decenas de millones de muertos, ciudades destruidas, miseria generalizada, fuerte contestación social, Estados colapsados, etc. Poco a poco, los Estados se reconstruyen a uno y otro lado de la línea (marcada en Yalta y Potsdam) que separaría los dos Bloques durante la Guerra Fría, bajo la supervisión directa de cada una de las nuevas superpotencias: EEUU y la URSS. En el área occidental, EEUU propició, al principio, una cierta confluencia de los nuevos Estados (que se correspondían en general con sus antiguos territorios históricos), con el fin de mejor coordinar las ayudas del Plan Marshall de reconstrucción y desarrollo, que servían también claramente a los intereses de sus empresas y entidades financieras, dando lugar a la creación (posterior) de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). En paralelo, la Unión Soviética promovió la creación del Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME o Comecon) en 1949, un organismo económico de los países “socialistas” europeos (hoy extinguido). Ante el inicio “formal” de la Guerra Fría (bloqueo de Berlín, 1948), algunos países europeos occidentales deciden coordinar su capacidad de respuesta militar a causa de la (supuesta) amenaza proveniente del Este. Así, primero se adopta el Tratado de Bruselas (1948), que daría lugar más tarde a la creación de la Unión Europea Occidental –UEO[2]. Frente a esta decisión, que podía suponer un mayor grado de autonomía de dichos países respecto de EEUU, la superpotencia impulsa la creación de la OTAN (1949), a lo que responde posteriormente la URSS con el establecimiento del Pacto de Varsovia (1951). La UEO prácticamente se “evaporaría” durante cuarenta años (hasta los noventa), ante una potente OTAN dominada claramente por EEUU. Europa occidental y oriental se convertían así, prácticamente, en dos “protectorados” de las superpotencias, y muy especialmente Alemania Occidental y Oriental, en las que se da una muy fuerte presencia militar de los dos gigantes.

En esta situación de debilidad y dependencia, en un momento además en que las antiguas potencias coloniales europeo-occidentales perdían poco a poco sus antiguos imperios en África y Asia, quedaban en un papel secundario en las instituciones de Bretton Woods (FMI y BM) bajo el dominio del dólar, y cuando los mercados nacionales eran asimismo muy limitados para enfrentar una competencia creciente por parte de EEUU, las elites económicas y financieras europeo-occidentales presionan a sus Estados para enfrentar este nuevo escenario de enorme incertidumbre para ellas. Unos Estados que se habían convertido (presionados por la situación social y geopolítica) en garantes de un nuevo pacto entre el capital y el trabajo, para gestionar el nuevo capitalismo keynesiano posbélico. Europa occidental había dejado de ser el centro del mundo. Y lo había sido durante casi quinientos años. La retirada de Francia y Gran Bretaña en su incursión militar en el Canal de Suez, en 1956, contra su nacionalización por Nasser (con el apoyo de la URSS), presionadas a echarse atrás por EEUU, certificaría el fin de la influencia global de las antiguas potencias coloniales europeas. En estas circunstancias se inicia formalmente el llamado “proyecto europeo”, en 1957, con la firma del Tratado de Roma, cuando seis países de Europa occidental (continental) se dotan de una Unión Aduanera y crean la Comunidad Económica Europea [3]. Era la reacción de las principales potencias (continentales) de la Europa a este lado del “telón de acero”, Francia, Alemania, Italia, más los países del Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), para iniciar la creación de un mercado supraestatal con el objetivo de potenciar sus grandes empresas, a fin de competir en mejores condiciones a escala europea y mundial. La CEE se convierte en un verdadero éxito para el capital comunitario, y suscita un elevado crecimiento económico (de fuerte base industrial), una intensa urbanización (motorización) y una paralela desarticulación del mundo rural tradicional. Pronto llaman a sus puertas otros países europeos occidentales. En 1973 ingresan Gran Bretaña (rechazada por De Gaulle en los sesenta), Irlanda y Dinamarca. Y Noruega dice “No”, en referéndum.

Por otro lado, desde los sesenta, las tensiones con EEUU van aumentando paulatinamente. La creciente rivalidad económica, los desencuentros noratlánticos con la Francia de De Gaulle (abandono de Francia de la estructura militar de la OTAN), las movilizaciones sociales masivas contra el intervencionismo de Washington, y sobre todo la crisis del sistema monetario diseñado en Bretton Woods (BW), esto es, el fin del patrón dólar-oro en 1971[4], hacen que esa rivalidad se intensifique. Si bien, siempre dentro de un orden, porque la bipolaridad mundial limitaba las tensiones intercapitalistas, aparte de que el “proyecto europeo” era sólo un mercado supraestatal todavía en gestación, sin ninguna trabazón política propia y mucho menos militar. Los Estados europeo-occidentales eran entes (“autónomos”) incapaces de rivalizar con la superpotencia y dependientes de su protección militar. A pesar de todo, los países de la entonces CEE ante la crisis en gestación de BW deciden (en 1970) lanzar una moneda única para finales de los setenta (Plan Werner). EEUU lo considera un casus belli y obliga a la Francia de Pompidou a retirar esa propuesta (cumbre entre Francia y EEUU en las Azores a finales de 1971). De Gaulle felizmente había desaparecido. Los países de la CEE aceptan, pero a cambio exigen eliminar el sistema de cambios fijos existentes desde 1945 (otra de las patas del sistema de BW). Así, a partir de 1973, el dólar se mediría con otras divisas mundiales (marco, yen, etc), pero desde su posición hegemónica.

Mercado Único, y una nueva “Europa” (neoliberal) que se construye en torno al euro

Desde finales de los setenta, y especialmente con la presidencia Reagan, EEUU (seguido de la Gran Bretaña de Thatcher) impulsa un nuevo capitalismo cada vez más globalizado, basado en el creciente predominio de sus mercados financieros (en especial, Wall Street, pero también la City de Londres), y en una profunda redefinición del papel del Estado (desmantelamiento de su cara social), de la relación capital-trabajo (desregulación laboral), y de las relaciones de poder Norte-Sur (mediante la gestión –imposición- de la crisis de la deuda externa): el neoliberalismo. La primera etapa de la llamada revolución conservadora, que iba a empezar a desmontar las conquistas sociales alcanzadas en los países centrales en los “treinta gloriosos” (del modelo keynesiano-fordista) y tras el ciclo de luchas que se da en torno a 1968, y a reformular las relaciones Centro-Periferia tras el periodo descolonizador, en favor una vez más de Occidente. La CEE en una situación recesiva y de fuerte parálisis después de las crisis energéticas y económicas de los setenta y principios de los ochenta, se ve obligada a reaccionar. Sus principales empresas transnacionales reunidas en el lobby de presión ERT (European Round Table of Industrialists), apoyadas también por las elites financieras, reclaman a Bruselas iniciar asimismo el giro neoliberal e impulsar para ello un Mercado Único y, más tarde, una moneda única. Sólo así iban a poder subsistir y prosperar en el nuevo mundo salvaje de la “globalización” productiva y financiera impuesto en el área occidental por EEUU (y Gran Bretaña). La Comisión Europea toma nota y promueve un profundo giro en el “proyecto europeo”, ampliando al mismo tiempo las competencias de Bruselas. Y el Consejo Europeo, a instancias de la Comisión, aprueba en 1985 el Acta Única, que instituía un Mercado Único (MU) para mercancías, servicios, capitales y personas [5], para 1993. Este es el inicio del giro neoliberal del “proyecto europeo” que se profundiza con el Tratado de Maastricht (1991-93), cuando se aprueba la creación de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Esto es, la instauración de una moneda única comunitaria para finales de los noventa.

Mientras tanto, la CEE se había seguido ampliando hacia el Sur (Grecia, en 1981, España y Portugal, en 1986), y había ido cambiando de nombre pues se ampliaban sustancialmente sus competencias, desbordando el ámbito de lo puramente económico. Con el Acta Única, pasa a llamarse Comunidad Europea, y más tarde, con Maastricht, adopta su denominación actual: Unión Europea. El giro neoliberal del MU y Maastricht, se va a intensificar aún más en los noventa, y especialmente desde el año 2000 con la llamada Estrategia de Lisboa (para “convertir a la UE en el mercado más competitivo del mundo”). Todo esto, ayudado de forma decisiva también por la bajada de los precios del crudo, va a permitir relanzar el crecimiento económico. Un crecimiento que genera unas crecientes desigualdades sociales y territoriales, así como conflictos ambientales en ascenso, activando una verdadera explosión de la lengua de lava urbanizadora, con una creciente dispersión (reestructuración-terciarización) metropolitana, así como el paralelo estallido de la movilidad motorizada, al tiempo que implica el total predominio del agrobusiness sobre el mundo rural. Se configura, pues, una “Europa” crecientemente dominada por grandes regiones metropolitanas (especialmente por ese espacio que se ha denominado el “plátano dorado”[6]), cada vez más multiculturales, en donde crecen el racismo y la xenofobia hacia las comunidades étnicas no comunitarias. Es decir, un modelo cada día más injusto, energívoro e insostenible.

Pero Maastricht era bastante más que la UEM, aunque la consecución de la moneda única fuera la piedra angular y el grueso de dicho Tratado. En ningún otro terreno como el monetario la cesión de soberanía estatal es tan manifiesta, para que el “proyecto europeo” pudiera hacer frente a las nuevas dinámicas de la globalización económica y, sobre todo, financiera. Por primera vez se abre de forma clara, pero muy incipiente todavía, el camino hacia la construcción de la “Europa” política y militar, a partir del impulso centrípeto que generaría (se suponía) la creación de la moneda única. Y Maastricht era también la respuesta al nuevo mundo que se abría tras la caída del Muro de Berlín (1989), las Revoluciones de Terciopelo en la Europa del Este (1990), la primera Guerra del Golfo (1991), el colapso de la URSS (1991) y el inicio de los conflictos en la exYugoslavia (1991). La nueva UE (en este caso con la Alemania unificada en 1990 al frente) tenía que actuar ante este nuevo escenario que afectaba de lleno a su patio oriental, y ante el reto que suponía un nuevo mundo en el que el capitalismo iba a ser ya verdaderamente global, e iba a estar dominado por una sola superpotencia: EEUU.

En este nuevo escenario, una vez evaporada la bipolaridad de la Guerra Fría, las tensiones intercapitalistas se iban probablemente a acrecentar, y el carecer de esa dimensión político-militar iba a ser un handicap para la proyección mundial de la UE, como un actor global. Además, una vez desaparecida la vinculación de las monedas directa o indirectamente con el oro, las principales divisas mundiales sólo se sustentaban en la confianza, y ésta (un bien frágil) se garantizaba principalmente con un fuerte poder político y militar. Éste era el caso claro del dólar, que era la divisa hegemónica mundial. Pero la futura moneda única, que se llamaría más tarde euro, para afianzarse y poder llegar a competir en su día con el dólar necesitaba de un componente político-militar del que el “proyecto europeo” carecía hasta entonces. Maastricht, pues, abre tímidamente esa puerta, creando dos nuevos pilares intergubernamentales: la Política de Exterior y de Seguridad Común (se “recupera” la UEO), y la Política de Interior y de Justicia Común. Esto es, los Estados se comprometían a empezar a poner en común, en base a la unanimidad, estas competencias suyas, hasta entonces fuera del ámbito comunitario. Es decir, a profundizar el “proyecto europeo”. Pero los distintos intereses nacionales (así como el pie de EEUU en la UE, Gran Bretaña) y el derecho de veto hacían que ésta fuera una muy ardua tarea.

Mientras tanto, el nuevo “proyecto europeo” se sigue ampliando. En 1995, ingresan por referéndum Suecia, Finlandia y Austria (y Noruega sigue diciendo “No”). Es decir, la antigua Europa occidental (prácticamente) es parte ya de la UE. Y en 1993 se decide en Copenhague iniciar una gigantesca ampliación de la UE hacia al Este, para acoger en su seno a países del ya fenecido Pacto de Varsovia, y pequeños Estados insulares (Chipre, Malta). En total doce nuevos Estados, de los que diez ingresarán en 2004 y dos en 2007[7]. Las razones de esta macroampliación al Este eran claras: incrementar el mercado de la UE (más de 100 millones de nuevos consumidores), beneficiarse de una fuerza de trabajo cualificada y muy barata (de cara a futuras deslocalizaciones, y succionándola a través de la inmigración), apropiarse de sus empresas, bancos, servicios públicos y recursos, y desactivar el peligro que podía suponer su potencial militar, al tiempo que segregaban a estos países del área de influencia de Rusia. Sin embargo, la apuesta era tremendamente arriesgada y compleja. Las fuertes diferencias de renta y culturales, la dificultad del tránsito de una economía planificada a otra de libre mercado, la debilidad y ausencia de legitimidad de sus estructuras estatales, y asimismo sus fuertes vínculos con EEUU (su nuevo y principal protector frente a Rusia) hacían que esta ampliación fuera de difícil digestión para una UE que estaba también inmersa en la necesidad de su propia profundización. Obligada por las circunstancias, la Unión decide acometer ambos procesos al mismo tiempo: es decir, profundizar el “proyecto europeo”, al tiempo que ampliaba éste. Para ello era imprescindible cambiar las reglas de juego previas (de “café para todos”, es decir de igualdad formal de los Estados) y abrir la creación de una “Europa” a distintas velocidades, con un centro fuerte (probablemente el Eurogrupo; y, dentro de este, Alemania y Francia, sin descartar a GB, a pesar de no estar en el eurogrupo) y distintas periferias, en la que los Estados van ir perdiendo el derecho de veto[8]. Esto es lo que mal que bien intenta lograr primero el Tratado de Ámsterdam (1997), complementado luego en parte con el de Niza (2000), y finalmente articulado en el proyecto de la fracasada Constitución Europea aprobado por el Consejo Europeo en Roma, en octubre de 2004.

El mundo post-11-S, una nueva amenaza para la Unión

En paralelo, desde finales de los noventa, EEUU propone la ampliación al Este de la OTAN, que no se disuelve como el Pacto de Varsovia, sino que va reforzando su ámbito de proyección mundial y las causas y modalidades de posible intervención internacional. Los países del Este van a ingresar en la OTAN antes que en la UE, lo que introduce tensiones adicionales. A través de este instrumento, EEUU irrumpe como un verdadero Caballo de Troya dentro de la dinámica de la “construcción europea”, dificultando su ya difícil consolidación político-militar. Esto es especialmente así después del 11-S, bajo la presidencia de Bush, en esta nueva etapa que se ha venido a denominar como “globalización armada”, caracterizada por la actuación unilateral agresiva de EEUU a escala mundial (y un fuerte control y represión interna). Una segunda fase de la revolución conservadora marcada también por el fundamentalismo religioso y el reforzamiento de las estructuras de dominio patriarcal, que está poniendo abiertamente en cuestión las conquistas de las mujeres en los últimos treinta años. Es en este contexto que se inicia la elaboración de la Constitución Europea (Laeken, diciembre, 2001), cuya aprobación se vuelve aún más perentoria de cara a este novísimo escenario global. Escenario que se complica enormemente con la guerra preventiva de EEUU y Gran Bretaña (junto con otros actores estatales, algunos de ellos “europeos”) contra Irak, en 2003, que logra dividir a la “Vieja” y a la “Nueva” “Europa”.

Así, las tensiones internas y especialmente los frenos que establecen especialmente Gran Bretaña, acompañada de la Italia de Berlusconi y la España de Aznar, y la situación en los países del Este, hacen que en la nonata Constitución se alumbre una futura configuración de la UE, enormemente compleja, con ausencia de una estructura de mando clara, que compromete su construcción como superpotencia político-militar de proyección mundial. Todo ello se negocia en la convulsa etapa previa a la guerra contra Irak, y durante la misma. La Constitución Europea fue un acuerdo de mínimos que blindaba y profundizaba la “Europa” neoliberal existente (posibilitando la privatización de los servicios públicos y promoviendo la liberalización del comercio mundial), y que suponía un paso importante (pero limitado) para construir la “Europa” política y militar que necesitaba el capital continental en esta etapa, de creciente rivalidad noratlántica y multipolaridad mundial en ascenso (China, Rusia, India e incluso Brasil). Además, una UE en constante expansión [9], sin unas futuras fronteras delimitadas y claras, puede hipotecar aún más la profundización, y hacer todavía más difícil definir un “adentro” y un “afuera”, para intentar construir un “nosotros” sobre el que se basa un proyecto excluyente para unos (el “otro” interior y exterior) e “incluyente” (con enormes diferencias internas [10]) para la ciudadanía de los distintos Estados de la Unión.

De esta forma, el “proyecto europeo” está aquejado de una fuerte y creciente falta de legitimidad. En sus primeros años, hasta los ochenta, durante esos treinta años de capitalismo de “rostro humano”, mientras se construía el “Estado del Bienestar”, y se daba una situación de pleno empleo (fordista), aunque excluía a las mujeres relegándolas en general al ámbito del trabajo doméstico, y se profundizaba el impacto ambiental, la (débil) “construcción europea” de entonces gozó de una relativa buena imagen pública. En esta etapa, la fuerte contestación social (y antipatriarcal) existente se desarrollaba en el marco del Estado-nación. Sin embargo, desde mediados de los ochenta, cuando se inicia el giro neoliberal del “proyecto europeo”, y se van imponiendo desde Bruselas sus recetas al conjunto de los países miembros, con el paulatino desmontaje del “Estado social”, al tiempo que se acaparan por la UE crecientes competencias estatales, y que se va instalando el desempleo crónico y la precariedad (postfordista) en las sociedades europeas, la “construcción europea” se enfrenta a un rechazo ciudadano in crescendo. Se incrementa claramente el “euroescepticismo”, que se ve reforzado por la incorporación de nuevos Estados miembros donde late un fuerte rechazo a la UE (Suecia, Finlandia y Austria, que se suman a los ya reticentes Gran Bretaña y Dinamarca). Más tarde, se asiste (desde el Tratado de Ámsterdam, 1997) a una creciente movilización ciudadana contra las instituciones comunitarias, que se refuerza al final del siglo (Niza, 2000, Gotemburgo, 2001, Barcelona, 2002) en paralelo al auge del llamado “movimiento antiglobalización”, pues la UE pasa a ser considerada como uno de los principales actores mundiales del nuevo capitalismo global. Y en los últimos años han proliferado importantes movilizaciones contra la progresiva privatización de la sanidad, la educación, las pensiones, la liberalización de los servicios (directiva Bolkestein) y los recortes sociales en muchos países de la Unión. Asimismo, la incorporación de los países del Este ha introducido un elemento más en la desafección en ascenso hacia las estructuras comunitarias. No por casualidad en las últimas elecciones al Parlamento Europeo tan sólo votó el 45% de la población de la UE a 25, y el 26% si se considera sólo a los países del Este (en Polonia y Eslovaquia la participación ni siquiera llegó al 20%). Los ciudadanos (sobre todo aquellos más afectados por las reestructuraciones en marcha) se alejan cada vez más de la UE, y los del Este se ven a sí mismos como de “segunda categoría”, de ahí su desentendimiento del “proyecto europeo”. Su bajísima participación en las elecciones “europeas” es un buen indicador de ello.

No existe un imaginario común “europeo”, y las estructuras comunitarias (apoyadas en los Estados) lo están intentando crear en base al miedo al “otro”, interior y exterior, presentándose ante la ciudadanía como la mejor garantía de seguridad, interna y externa, con el fin ganar legitimidad (el euro también es un importante cemento de imagen común en un mundo donde el dinero es básico). Con la fracasada Constitución, y ahora con el nuevo Tratado de Reforma, la UE cabalga desde formas de “dominio dulce” a formas de “dominio fuerte” características de esta nueva etapa de “globalización armada”, al tiempo que promueve también un reforzamiento de las estructuras de dominio patriarcal, aunque a ritmo “europeo”, para mejor adecuarse a los nuevos escenarios de progresivo predominio de la fuerza en la gestión y resolución de conflictos, y adaptarse igualmente al desmantelamiento del “Estado social”[11]. La imagen de “policía bueno” de la “globalización” que hasta ahora gozaba la UE a escala global, seguramente se empiece a empañar en los próximos años conforme se vaya haciendo cada vez más necesario garantizar con el poderío político-militar la imposición de los intereses económicos de la Unión en el mundo entero (ante unas resistencias también crecientes), el acceso a recursos naturales crecientemente escasos (especialmente combustibles fósiles) que se ubican en espacios periféricos (y muy en concreto en Oriente Medio y Asia Central), con el fin de saciar su demanda en ascenso por parte de un modelo urbano-agro-industrial cada día más depredador y contaminador, y afianzar en esos pilares de poder también la necesaria confianza monetaria y financiera. La cita del Documento Solana (CCEE, 2003) que recogemos al principio de este texto, es decir, la Nueva Estrategia Europea de Defensa que acompañaba a la Constitución Europea, es suficientemente ilustrativa del afán de convertir a la UE en una superpotencia mundial con capacidad de proyección global. Sin embargo, esta dinámica crecientemente militarista de la Unión es rechazada, hasta ahora, por las sociedades “europeas”, y es preciso presentarla bajo los ropajes humanitarios del “poder blando” para que se vaya aceptando poco a poco por la ciudadanía comunitaria.

El No francés y holandés a la Constitución, y el nuevo “ataque” de Bush a Europa

El “proyecto europeo” que definía la Constitución Europea fue rechazado, en 2005, por Francia y Holanda en sendos referendos (Washington se alegró seguramente ante el resultado). Una verdadera e inesperada hazaña popular con todo el viento en contra (mediático, político y empresarial), cuyo resultado también fue posible, desgraciadamente, por el rechazo de la extrema derecha. El proceso de ratificación fue pospuesto al principio más de un año, después que Blair rechazara someterlo a aprobación, y más tarde el marco político para su aprobación se fue volviendo crecientemente adverso. En estas circunstancias parecía difícil concebir que fuera ratificado por los 27 estados miembros, pues sólo 18 países lo habían aprobado (dos de ellos por referéndum, España y Luxemburgo), pero quedaban los países más recalcitrantes, entre los que destacaban Gran Bretaña, Polonia y República Checa. Además, estaba el problema de cómo podían Francia y Holanda saltarse la voluntad popular. Algo difícilmente concebible sin modificar el texto, especialmente en sus aspectos más simbólicos. De esta forma, Sarkozy, recién investido presidente, propuso salir de esta pesadilla mediante un “minitratado”, olvidando el nombre pomposo de Constitución, pues eso le permitiría sortear el rechazo ciudadano al texto en cuestión. Mientras tanto, la situación se complicó adicionalmente con la presión renovada de Bush para dividir a la “nueva” y a la “vieja” Europa, con el fin de erosionar el futuro de la Unión como una superpotencia con un euro fuerte, que pudiera poner en cuestión la hegemonía mundial del dólar y de EEUU. De hecho, la rivalidad del dólar y el euro no ha hecho sino intensificarse desde 2004. Desde entonces, el euro se ha revalorizado fuertemente frente al dólar. En gran medida como resultado del desastre de la ocupación de Irak, además de cómo consecuencia de los abultadísimos déficits fiscal y por cuenta corriente de EEUU. Todo ello se ha visto incentivado por choques especulativos en los mercados de divisas, y condicionado asimismo por recientes cambios en las políticas relativas a las reservas en divisas de los principales bancos centrales del mundo, principalmente aquellos del sudeste asiático, especialmente China, Rusia y los países de la OPEP.

De esta forma, Washington ha estado intentando dividir a Europa en los últimos tiempos con el nuevo escudo de misiles que piensa desplegar en Polonia y República Checa, argumentando que su objetivo es protegerse de un posible ataque de Irán. Esta situación esta creando tensiones crecientes tanto dentro como fuera de la Unión, especialmente con Rusia, que se siente amenazada. Y Bush está promoviendo también abiertamente la independencia de Kosovo, forzando el plan de NNUU para esta entidad territorial (una “independencia” encubierta, con un periodo de transición controlado internacionalmente), si Rusia finalmente no da su aquiescencia al mismo. Lo cual se traducirá en una exacerbación de las tensiones en la región, creando un importante problema para la Unión (que apoya el plan de NNUU, y no quiere enfrentarse a Rusia) en su propio patio trasero. Las tensiones en los Balcanes están todavía latentes y pueden reavivarse. Más aún, Bush está dando alas a la creación de una Gran Albania, como hemos podido ver recientemente en su glorioso viaje a Tirana. Todo esto va a comprometer y dificultar la posibilidad de alcanzar un nuevo Acuerdo de Cooperación con Rusia por parte de la UE (el actual expira en 2007), que hasta ahora ha sido fuertemente contestado por Polonia (al menos hasta el reciente recambio gubernamental). Este acuerdo tiene un carácter estratégico para la UE, debido a su fuerte dependencia de gas, petróleo, y hasta uranio, de Rusia. EEUU teme una posible alianza estratégica (de intereses comunes) entre Europa y Rusia, y hace todo lo posible para erosionarla.

Pero volvamos a la Constitución. Como hemos señalado, el proceso de ratificación constitucional se ha estaba convirtiendo en un verdadero calvario, y además Blair lo había dejado en vía muerta. Sin embargo, con la presidencia alemana de la Unión (primer semestre de 2007), los principales poderes continentales de la UE (claramente liderados por Alemania, el gran actor que podía forzar compromisos), trataron de llegar a un acuerdo que pusiera fin a esta pesadilla, intentando promover un texto similar a la Constitución Europea, un nuevo Tratado, que deberá ser aprobado antes de las próximas elecciones europeas de 2009 (tres años después de lo previsto). La palabra Constitución fue suprimida como parte del acuerdo. Intentaban cambiar algo, para que todo siguiera igual, o casi. Y, finalmente, con la ayuda de Sarkozy, recién elegido, apoyado firmemente por Zapatero y Prodi, y otros gobiernos europeos de países que habían aprobado la Constitución, se consigue acordar (en medio de fuertes tensiones) el proyecto del nuevo Tratado al final de la presidencia alemana en junio de 2007. El presidente de la Comisión, Barroso, había advertido que si no había acuerdo, todos los países serían perdedores. El nuevo Tratado ha sido finalmente pulido y ultimado en octubre, durante la presidencia portuguesa, y será formal y pomposamente aprobado por el Consejo Europeo en Lisboa en diciembre de este año. El mismo Consejo Europeo que aprobó formal y ostentosamente la Constitución Europea en Roma, en 2004. Donde dije digo, digo diego. La historia se repite como una gran farsa.

El Tratado de Reforma: una Europa de Estados antidemocrática y sin alma, que aspira a convertirse en superpotencia mundial

La elaboración del nuevo Tratado de Reforma ha sido aún más antidemocrática que la de la Constitución. Su redacción final ha sido el resultado de una Conferencia Intergubernamental presidida por el secretismo, sin ninguna participación del Parlamento Europeo, ni de los Parlamentos Nacionales, que al menos participaron de forma residual en un proyecto constitucional precocinado (por los grandes). Es más, el propio Parlamento Europeo dio el visto bueno a este proceso, retirándose de la escena, para hacer viable el conseguir un nuevo Tratado de Reforma (o mejor dicho Contrarreforma) de la Unión. Y además no ha habido ningún contacto ni negociación con los “agentes sociales” (Confederación Europea de Sindicatos, grandes ONG’s, etc), a los que se involucró antes de cara a vender mediáticamente la imagen participativa del proceso constitucional. Eso sí, su “participación” fue residual y a toro pasado. Es chistoso que al final del proceso negociador del nuevo Tratado de Reforma de la UE, los líderes europeos afirmaran que Europa iba a ganar un mayor carácter democrático en el futuro. Además, ha quedado claro que la aprobación del nuevo Tratado se hará por vía parlamentaria, para eludir cualquier contacto y fiscalización ciudadana. Después del No francés y holandés no hay ninguna intención de refrendar popularmente el nuevo Tratado. Tan sólo Irlanda es probable que tenga que convocar un referéndum para ratificarlo, pero serán muy serias las presiones de las instituciones comunitarias para que eluda esa obligación constitucional. Otros actores dudosos, como Gran Bretaña y Dinamarca, han dicho, por el momento, que no convocarán unos plebiscitos que muy seguramente perderían, sobre todo en el caso del Reino Unido [12]. La nueva Europa será una “Unión de Estados” en la que han sido suprimidos los ciudadanos, que ni siquiera se mencionan en el preámbulo, al contrario que en la Constitución (“Unión de Estados y ciudadanos”). Cuanto más lejos estén los ciudadanos de este proyecto puro de poder, mejor, como se resalta en una de las citas iniciales de este texto. Ahora ya no es necesario ni disimular, como cuando se quería aprobar una Constitución Europea, que no se podía entender sin los ciudadanos.

Pero aparte del cambio de nombre, y de la desaparición de los ciudadanos, el “proyecto constitucional” ha sufrido otras ligeras, y no tan ligeras, modificaciones para poder ser aceptado por todos, y especialmente por Gran Bretaña y Polonia [13]. Ambos fuera del euro, y ambos con fuertes lazos con EEUU. Los dos han logrado que la Carta de Derechos Fundamentales haya sido eliminada del nuevo Tratado, aunque hay una referencia a la misma, que más tarde comentaremos. Además, Polonia ha conseguido que el nuevo sistema de votación no se aplique hasta el 2014, que puede llegar a ser el 2017 [14], manteniendo la cuota de poder e influencia conseguida en Niza. El nuevo Tratado sigue abriendo la puerta a la privatización total de la sanidad, la educación, el agua y las pensiones, sometiendo a estos “servicios de interés general” (ya no se habla de servicios públicos) a la lógica del mercado y la competencia. El área de negocio que se abre es enorme, y beneficia a las dinámicas de creciente financiarización. Mientras tanto, la política social y la fiscalidad siguen sometidas al veto, haciendo imposible una política comunitaria al respecto, al tiempo que se permiten los paraísos fiscales dentro de la propia Unión. Lo social pues es una opción en regresión, pero la competencia es una obligación, la desregulación y precariedad laboral una exigencia, y la libertad de movimientos del dinero algo intocable. Además, debido al hecho de que la iniciativa legislativa sigue residiendo en la Comisión Europea, ello hará que el marco comunitario responda cada vez más a las lógicas de los grandes conglomerados empresariales y financieros, que poseen importantes lobbies de presión en Bruselas. La Nueva Estrategia de Lisboa, o el nuevo documento de la Comisión: “Europa Global, compitiendo en el mundo” son un muy buen ejemplo de ello. En palabras del Comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson: “Queremos garantizar que las empresas europeas competitivas, respaldadas por las políticas internas adecuadas, deben poder ganar acceso a los mercados mundiales y operar en ellos con seguridad. Ésta es nuestra agenda”.

Por otro lado, en el nuevo Tratado se suprimen todos los símbolos europeos: la bandera, el himno y el término “Ley europea”, para no generar el rechazo de los más “euroescépticos”. Esto es, cualquier referencia que pueda sugerir que un gran Estado paneuropeo está en gestación. Lo cual es muy importante porque los símbolos mueven montañas, y ayudan a crear un imaginario europeo del que la Unión carece en estos momentos. Prodi, el primer ministro italiano, ha manifestado que el nuevo Tratado crea una “Europa sin alma”. Y sabe de lo que habla, porque como anterior presidente de la Comisión Europea tuvo que lidiar con su falta de legitimidad. El nuevo Tratado profundizará con toda seguridad en esta falta de legitimidad. Más aún por su carácter de “Europa de Estados”, confederación europea por así decir, sin ningún componente social, y cuya construcción está claramente presidida única y exclusivamente por las leyes del Mercado, su verdadera alma, y por complejos instrumentos internos (securitarios) y externos (militares) para garantizar su gobernabilidad y su proyección mundial, con el fin de defender sus principales intereses económicos, financieros y monetarios. El gasto público social queda pues muy severamente limitado por el Pacto de Estabilidad, y se preconiza que los Estados deben alcanzar el superávit presupuestario, pero eso sí, se anima a los Estados a gastar más, bastante más, es en los presupuestos militares.

Esto es, la principal sustancia de la fracasada Constitución permanece, aunque algo más condicionada aún por Gran Bretaña y el marco transatlántico. Esto es, capacidad de veto en política exterior y de seguridad (aunque limitada en el tiempo). El Reino Unido mantiene su capacidad para perseguir su propia política externa y de seguridad, es decir desarrollar su papel independiente en el mundo, mano a mano con EEUU. Por otro lado, los vínculos con la OTAN se refuerzan. Y Sarkozy plantea una vuelta de Francia a la OTAN, a su estructura militar, de la que estaba ausente, pero reforzando claramente el polo europeo de la organización (lo que se busca con el nuevo Tratado: “cooperaciones estructuradas en materia de ‘defensa’”), y garantizando un equilibrio de poderes entre los dos lados del Atlántico en la agenda de actuación de la Alianza (es decir, una OTAN renovada). Sin embargo, Gran Bretaña no pudo frenar la creación del Alto Representante de la Unión en Política Exterior y de Seguridad de la “futura Europa”, que además de miembro del Consejo será vicepresidente de la Comisión, auque su título de Ministro de Asuntos Exteriores y de Defensa de la Unión fue retirado, por las connotaciones estatales que pudieran sugerir. El nuevo Tratado mantiene la propuesta de la Constitución de crear una presidencia estable de la Unión [15], es decir, del Consejo Europeo, lo que acaba con las presidencias rotatorias y refuerza y concentra aún más el poder en la UE, especialmente de los grandes Estados en detrimento de los pequeños (se habla de Blair como futuro presidente de la Unión; ¿el zorro a cargo del gallinero?). Pero se mantiene una bicefalia entre el presidente de la Comisión y el del Consejo. Por otro lado, el nuevo Tratado dota a la Unión de estatus jurídico internacional.

Estas reformas permitirán a Europa reforzar su proyección mundial, y en especial a sus grandes Estados [16]. Hasta ahora la Unión que es el mercado mayor del mundo, todavía carece de una entidad política unificada y sobre todo una estructura militar autónoma (de EEUU). La UE con sus 500 millones de habitantes, tiene que lidiar con un capitalismo crecientemente multipolar, formado por Estados grandes y potentes, alguno de los cuales tienen dos y casi tres veces la población de la Unión (India y China, respectivamente). El peso poblacional relativo de Europa a nivel mundial se ha reducido a la mitad en los últimos 50 años. Y es por eso también por lo que los principales actores europeos, los grandes Estados de la Unión, hoy presididos por gobiernos más atlantistas, promueven también la creación de un gran mercado transatlántico entre la UE y EEUU (el llamado Nuevo Mercado Transatlántico), es decir, el núcleo duro de Occidente, con el fin de poder competir en mejores condiciones con los nuevos y grandes actores emergentes en el nuevo capitalismo global. Especialmente con China. Pero esta Europa también tiene contradicciones con EEUU, y sus grandes actores económicos y financieros. Y es por eso por lo que en paralelo lanza su propia estrategia para ampliar sus mercados (y acceso a recursos) a escala mundial al margen de la OMC, como hace EEUU, a través de acuerdos de libre comercio con las principales áreas regionales globales (de América Latina, África y Asia), que ampliarán aún más la huella ecológica de la Unión a nivel planetario; al tiempo que trata de impedir cualquier integración regional en el Sur, que pudiera romper la dependencia económica y financiera de la UE.

Así, la UE además de tener que competir con otros actores globales por unos recursos naturales crecientemente escasos, se verá obligada a competir también con EEUU, por unos recursos energéticos mundiales próximos a ir alcanzando paulatinamente su pico mundial (primero el petróleo, luego el gas, luego el uranio, y finalmente el carbón)[17]. De hecho, el precio del petróleo ya ha roto la barrera de los 100 dólares, igualando en dólares constantes (descontando la inflación) el máximo que alcanzó a primeros de los ochenta. La época del petróleo barato se acabará para siempre a partir de entonces, y el suministro energético mundial entrará progresivamente en declive a partir de ese momento, por primera vez en la historia de la humanidad. La UE (junto con EEUU) intenta impulsar el uso de agrocarburantes como una forma de enfrentar estos escenarios (y reducir la dependencia in crescendo del petróleo de la OPEP), lo que está ya teniendo profundos impactos (ambientales, territoriales, sociales y alimentarios) en América Latina, África y Asia, que se acentuarán aún más en el futuro. Todo para mantener inquebrantable la expansión de la movilidad motorizada y las dinámicas de la globalización, justificando esta opción con el cínico argumento de que de esta forma se está luchando contra el cambio climático en marcha, cuando en realidad acelerarán este proceso con la deforestación de vastos territorios. Al igual que se intenta relanzar la energía nuclear con la misma justificación. En el nuevo Tratado, la energía se convierte en una nueva área que se comunitariza, ante su importancia estratégica, cosa que anteriormente no contemplaba la Constitución. Hasta el Reino Unido ha apoyado esta cesión de competencias a Bruselas, después de verle las orejas al lobo, pues se ha alcanzado ya el pico del petróleo y del gas en sus yacimientos del Mar del Norte.

Pero la razón de todo ello es también mantener en funcionamiento este modelo económico basado en el crecimiento sin límites, alimentado por el consumo de energía y por la expansión descomunal del crédito a todos los niveles, que está creando tremendas burbujas financieras (inmobiliaria y de complejos instrumentos financieros: derivados, private equity, hedge funds), que están empezando a explotar como resultado del fuerte cambio experimentado en las variables que las han posibilitado (tipos de interés, precio del petróleo, etc.). Dichas burbujas, especialmente la inmobiliaria, están generando un verdadero terremoto social, provocando un enorme trasvase de rentas de los sectores no propietarios hacia los sectores propietarios, aparte de un brutal impacto territorial y ambiental. En la reciente crisis mundial de los mercados financieros a causa de la crisis inmobiliaria en EEUU, que está todavía en marcha, la Comisión Europea (presionada por la plutocracia del dinero) ha defendido la desregulación financiera que permite la especulación salvaje en los mercados, a pesar de los intentos que desde el Parlamento Europeo y desde algunos grandes Estados (Sarkozy y Merkel) por regular los mercados, y favorecer el capitalismo de las grandes empresas y no el de los especuladores. Sarkozy ha llegado a denunciar el apoyo del Banco Central Europeo (BCE) a los grandes especuladores (que no son otros sino los grandes bancos de inversión) en la reciente crisis financiera.

El nuevo Tratado (y la nueva directiva del mercado único de capitales) da aún más poder al mundo del dinero, reforzando el papel del BCE y sometiendo todavía más a la economía y al conjunto de la sociedad a su lógica implacable. Pero esta carrera hacia el abismo a la que nos conduce el actual modelo será imposible de parar, si no se inicia pronto un cambio radical del actual modelo económico, monetario y financiero, pues antes o después, y todo parece indicar que será muy pronto, el pico del petróleo pondrá fin al crecimiento sin límite, iniciándose además una nueva etapa presidida por el decrecimiento continuo de la economía. Lo cual implicará asimismo la quiebra de la expansión financiera sin fin. El principio del fin de la era de los combustibles fósiles pondrá coto, se quiera o no se quiera, a esta locura (hasta ahora) sin fin. Y más vale que este proceso lo hagamos entre todos de una manera ordenada y consensuada, y no presididos por la lógica de la competencia por los recursos, las lógicas de guerra y el “choque de civilizaciones” (al que Europa también se apunta con la boca pequeña; la connivencia de muchos gobiernos de la UE con los vuelos de la CIA lo confirma).

Una Europa a distintas velocidades y autoritaria, cada día más desigual y contestada

El nuevo Tratado configura no solo una Europa sin alma, sino una estructura institucional europea con distintos núcleos y periferias, que contendrá al menos dos (o tres) grandes Europas dentro de ella. Una, el Eurogrupo, los países que han adoptado o adoptarán el euro como moneda común (trece ahora, y quince dentro de poco). Ellos serán con toda probabilidad los que intentarán ir más allá en sus políticas de integración (“cooperaciones reforzadas”), y el nuevo Tratado lo permite en las áreas en que se pueden tomar decisiones por mayoría, aunque serán los actores más poderosos los que condicionarán su evolución. Fuera de ella habrá un grupo de países ricos al margen del euro, Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia. El primero con una moneda todavía fuerte, la libra esterlina, y los otros dos con monedas de muy poca trascendencia internacional, que probablemente no tardarán en integrarse en el euro, aunque tal opción haya sido rechazada en el pasado por sus poblaciones en consultas populares. El resto de los países no miembros del euro son fundamentalmente los del Este, que lo más probable es que tarden en integrarse en la moneda única, pues manifiestan severos desequilibrios económicos como consecuencia de su incorporación (dependiente) a la Unión. Además, dichos países están ya “eurizados” aunque no estén en el euro, esto es, no reciben los beneficios de emitir moneda (derechos de señoreaje), pero sufren sus consecuencias, al circular cada día más ampliamente el euro en sus territorios, en detrimento de sus propias monedas (es decir, perdiendo derechos de señoreaje propios).

Pero la futura Europa tendrá también otras periferias (cercanas, aparte de las lejanas) o círculos concéntricos, con el fin de ampliar sus mercados, y las reglas del Mercado Único, así como garantizar su seguridad interna y externa. Lo mismo que EEUU hace con México y Canadá [18]. De hecho, las lleva construyendo desde hace tiempo. Una, será la que se está creando en su flanco el Sur, y que Sarkozy pretende rebautizar como Unión Mediterránea. Su objetivo es controlar la inmigración, acceder a sus recursos naturales y sobre todo energéticos, deslocalizar empresas, y establecer una política común de seguridad (migratoria y antiterrorista). No en vano es un área muy conflictiva, y además es la frontera “Norte-Sur” más desigual del mundo, que se quiere controlar, al mismo tiempo paradójicamente que la lógica de mercado desarticula sus economías, sus sociedades y sus Estados. Esta Unión Mediterránea estaría “presidida” por Francia, pero también tendrán un papel importante en la misma España e Italia, y Sarkozy pretende compensar a Turquía con el ingreso en la misma, ya que se opone (hasta ahora) a que se convierta en miembro de pleno derecho de la Unión. La Unión Mediterránea buscaría también disputar a EEUU su hegemonía en el Mediterráneo. La otra gran periferia sería la del Este de la Unión (Ucrania, Bielorrusia, etc.), y su gestión más directa correspondería a Alemania, pues es su antiguo Lebensraum, por el que luchó en el pasado de forma terrible, generando el drama humano más importante de la historia de Europa. Esta es la nueva división de papeles que está haciendo el nuevo eje franco-alemán. El Mediterráneo para París, y la Europa del Este no comunitaria para Berlín. Y ambos (junto con los países continentales de la Unión) están a favor de un férreo control de la inmigración, la “Europa Fortaleza” (que se cobra miles de vidas al año), cuya gestión se comunitariza en el nuevo Tratado, a pesar de las tensiones internas al respecto, de las modulaciones que quiere hacer cada Estado, y del descuelgue en ciertas cuestiones del Reino Unido, que prefiere llevar su propia política.

La UE se está convirtiendo cada vez más en un nuevo Leviatán y Gran Hermano incontrolable. El proceso se inició ya hace años (acuerdo Schengen, grupo Trevi, etc.), pero en los últimos años, especialmente desde el giro global securitario y militarista propiciado por el 11-S, y la “guerra global contra el terror” subsiguiente, junto con el desarrollo experimentado por las nuevas tecnologías de control, este endurecimiento no ha hecho sino profundizarse, en especial con los movimientos contestarios al orden existente, y el nuevo Tratado significa un nuevo e importante paso en la misma dirección. Los derechos políticos y las libertades están seriamente en cuestión. Las políticas de seguridad (y justicia) se comunitarizan, aunque Gran Bretaña conserva la cláusula de descolgarse (opting out). Y los Estados se decantan cada vez más por las políticas de “Tolerancia Cero”. Es más, el nuevo Tratado (al igual que la Constitución) contiene una Cláusula de Seguridad, que permite a la Unión intervenir en un país miembro en caso de ataque terrorista, catástrofe natural o humana (¿un levantamiento popular, tal vez?).

Todo ello se intenta encubrir con una Carta de Derechos Fundamentales, de consecuencias jurídicas dudosas, que para nada recoge de forma vinculante los derechos sociales (cada día más erosionados), y que además ha quedado fuera del nuevo Tratado (en el que tan sólo se menciona su existencia) por exigencia de Gran Bretaña y Polonia. La primera, porque no quería que se pudiera reconocer a partir de ella el derecho de huelga, y la segunda porque ha introducido una Cláusula Moral, que permite al país suprimir derechos fundamentales para las mujeres (aborto, divorcio) y determinados colectivos sociales (gays, lesbianas y transexuales). La Polonia (doblemente) patriarcal y homófoba de los gemelos Kacinsky (hoy defenestrado electoralmente uno de ellos) propugnaba hasta la introducción de la pena de muerte en su territorio. De esta forma, la libertad sindical, las libertades de las mujeres y la libertad sexual se ponen en cuestión, y la Unión lo acepta, para conseguir la aceptación estatal del nuevo Tratado. Y todo ello en nombre de la competencia y el mercado, así como de la moralidad y del bienestar de la familia. Pero no es de extrañar. Se quiere poner en cuestión conquistas básicas que se consiguieron al calor de las luchas en torno al 68. La bestia negra de los “neocons”. La irrupción de Sarkozy como presidente de Francia ha puesto este objetivo en la agenda política, para reforzar las estructuras de poder existentes (estatales, patriarcales y empresariales). Y Benedicto XVI también quiere poner en cuarentena la renovación de la Iglesia que supuso el Vaticano II en los mismos años sesenta, y hasta ha conseguido (con la ayuda de Polonia) la mención a la “herencia religiosa”[19] de Europa en el nuevo Tratado (que no constaba en la Constitución). La Contrarreforma está en marcha. De cualquier forma, todavía no está claro que los 27 puedan ratificar, todos ellos, el Tratado de Reforma antes de 2009.

Pero las sociedades civiles europeas, organizaciones sindicales (principalmente fuera de la Confederación Europea de Sindicatos, aunque también dentro de la propia CES), organizaciones políticas (la llamada Izquierda Europea, y multitud de partidos de izquierda no parlamentarios) y muy diversas organizaciones (Attac, por ejemplo) y movimientos sociales a escala de la Unión, están rechazando progresivamente esta futura Europa que se diseña en el nuevo Tratado de Reforma de la UE. Si cuando el proyecto de Constitución Europea el rechazo era muy amplio, ahora lo es mucho más (aunque no sea visible), pues la Unión ni siquiera ha tenido la vergüenza de venderlo, pues como hemos señalado es un proyecto puramente del poder, al margen de los ciudadanos. Pero otra cosa es que ese rechazo in crescendo se pueda manifestar organizada y abiertamente, como cuando la Constitución Europea. Máxime ahora que la ratificación del nuevo Tratado se quiere llevar a cabo de forma subrepticia, eludiendo las consultas populares. Es por eso por lo que el clamor y el punto de confluencia común de todos los rechazos es que el nuevo texto, al menos, se someta a consulta popular. Sin embargo, ese rechazo se manifestará con toda seguridad el día de las futuras elecciones europeas en 2009, cuando los ciudadanos europeos den la espalda de una forma aún más profunda que en el pasado a su cita con las urnas (es preciso recordar una vez más que en 1979, el primer año de elecciones al Parlamento Europeo, la participación fue superior al 63%, que en 2004 fue tan sólo del 45%, y que en los países del Este alcanzó un ridículo 26%). Será un rechazo pasivo, más que activo. Lo cual agudizará aún más la profunda falta de legitimidad de la Unión. Y no será para menos. El sueño europeo no existe, y nunca existirá con estos mimbres, a pesar de que se intente lograr un cierto “patriotismo europeo” en base a la seguridad, al miedo y al euro.

Pero también se está desarrollando una creciente oposición a esta nueva Europa neoimperial en América Latina y en África, muy especialmente, y en menor medida en Asia, sobre todo en respuesta a las políticas de acuerdos de “libre comercio” que la Unión está tratando de imponer en los espacios periféricos a escala mundial [20] . Y es más, se están empezando a articular las resistencias a este proyecto en el interior y en el exterior de la Unión (el proceso “Enlazando Alternativas” entre organizaciones de América Latina y de Europa es un buen ejemplo de ello). Todo lo cual hará aún más complicado la cristalización de esta nueva Europa, provocando que los poderes europeos (o parte de ellos, quizás el Eurogrupo), se vean obligados (llegado el caso) a construir esta futura Europa de una forma claramente autoritaria, y defenderla a través de intervenciones militares a escala mundial. Sin embargo, esto crearía un mayor rechazo social a medio plazo a esta Europa del capital, tanto dentro como fuera de la UE. Es preciso pues oponerse a este proyecto de poder y empezar a deconstruir esta Europa (y las estructuras estatales que la componen), y desmontar el “choque de civilizaciones”, para poder caminar hacia otras Europas y mundos posibles. El nuevo mundo que se abrirá dentro de poco tras el pico del petróleo, pondrá en cuestión las estructuras de poder que se han ido afianzando históricamente en base a un flujo, hasta ahora in crescendo, de combustibles fósiles. Todo es posible. El futuro está abierto.

Madrid, noviembre, 2007

PD: Un comentario final merece la situación que se puede crear aquí, en el Estado español, con la ratificación del nuevo Tratado. Un Estado con crecientes tensiones territoriales, pero en el que las distintas elites nacionalistas apoyan y promueven el “proyecto europeo”. El gobierno español fue el primero en aprobar en referéndum la Constitución (“los primeros en Europa”), en la consulta electoral de más baja participación de la democracia española (42%). Pero a pesar del 77% de “Síes”, sólo algo más de tres de cada diez ciudadanos apoyaron la Constitución. Eso fue celebrado como un gran triunfo para Europa y para la democracia española. Pero ahora asistiremos a la modificación en toda regla de la máxima expresión de la soberanía popular, pues el gobierno español someterá el nuevo Tratado a ratificación en el Parlamento, pasándose por el forro lo que había sido, según ellos, la expresión de voluntad popular. De cualquier forma, al igual que el referéndum sirvió para impulsar un debate sobre el “proyecto europeo”, la futura y subrepticia ratificación parlamentaria debe ser utilizada para profundizar el debate en torno a esta Europa que está condicionando tanto nuestras vidas y nuestro entorno. Además, el mito de Europa que existía hasta ahora en nuestro territorio hace tiempo estaba entrando en crisis, y saltó en muy gran medida por los aires tras el No francés y holandés. Es hora pues de profundizar en este debate, y animar las resistencias a la Europa del capital.

[1] Este texto amplía y actualiza uno de los capítulos del libro del autor “La compleja construcción de la Europa superpotencia” editado por Virus (Barcelona), en 2005, y reeditado y actualizado por Manuel Suárez (Buenos Aires), en 2006. El texto incluye una reflexión sobre el nuevo Tratado de Reforma de la UE. Agradezco los comentarios al texto de Luis González, Tom Kucharz y Ana Hernando.

[2] Los Estados que firman primero el Tratado de Bruselas son Bélgica, Francia, Luxemburgo, Holanda y Reino Unido, y en 1954 se unirían Alemania Occidental e Italia, cuando se crea formalmente la UEO.

[3] Un paso previo fue la creación de la CECA (Comunidad Europea del Carbón y del Acero), en 1951, por parte de los mismos países. Es decir, la puesta en común de toda su industria extractiva y básica. Por otro lado, en 1957 se firma en Roma también el Tratado del EURATOM, para desarrollar la industria nuclear civil.

[4] El dólar deja de estar vinculado al oro. Es decir, EEUU se niega a cambiar los dólares que hay circulando por el mundo por el metal precioso, tal y como se había comprometido en BW.

[5] Al tiempo que empieza la construcción de la “Europa fortaleza”, a través del Acuerdo Schengen. Ya no eran necesario unos flujos inmigratorios tan intensos como se habían dado en los sesenta y setenta, y además estos se acrecentaban aceleradamente debido a la desestructuración periférica provocada por los procesos de “globalización”. Schengen iba a instaurar la libre movilidad de personas en dicho espacio.

[6] Espacio que abarca desde el Sureste británico (con el Gran Londres, como centro principal), al Norte de Italia (con Turín y Milán, como cabeceras), pasando por el Norte de Francia (estructurado en torno a París), el Benelux, y gran parte de la antigua Alemania Occidental. Una megalópolis global en consolidación.

[7] Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovenia, Letonia, Estonia, Lituania, Chipre y Malta, en 2004, y Rumania y Bulgaria, en 2007.

[8] Esto es, el poder de Bruselas se va imponiendo poco a poco sobre los poderes estatales, y todos ellos a su vez sobre una ciudadanía desarticulada.

[9] Está previsto el futuro ingreso de Croacia, y las complicadas negociaciones para la adhesión de Turquía ya se han iniciado también, pero un conjunto de Estados europeos hacen cola para ingresar. El resto de los países de la ex-Yugoslavia, más, llegado el caso, Ucrania y otros del Este. Sin embargo, los procesos de ampliaciones futuras están paralizados a la espera de que se resuelva la crisis originada por la aprobación de la Constitución. Esto es, hasta que no se apruebe el nuevo Tratado de Reforma de la Unión.

[10] Entre otras cuestiones, p.e., los ciudadanos de los nuevos países del Este no disponen todavía del pleno derecho a la libre movilidad dentro de la UE a 27.

[11] Reforzamiento de la familia para intentar garantizar el cuidado (prioritariamente por parte de las mujeres) de una población cada vez más envejecida de la que el Estado se va desentendiendo.

[12] Brown se encuentra muy presionado mediáticamente por el grupo Murdoch, puntal del mundo “neocon” estadounidense, abiertamente opuesto a la pertenencia de Gran Bretaña a la Unión, y que presiona por un referéndum.

[13] Polonia amenazó hasta el último momento con el No al nuevo Tratado de Reforma, y sacó a colación las tensiones históricas con Alemania. Los gemelos Kacinsky sermonearon sobre la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y alimentaron los miedos seculares contra Rusia, para ganar influencia en las negociaciones.

[14] En todas las áreas en las que las decisiones se toman por mayoría (hay 50 nuevas con el nuevo Tratado), ésta se alcanzará consiguiendo al menos el 55% de los Estados miembros y el 65% de la población.

[15] Durante dos años y medio, prorrogables a cinco.

[16] Los tres principales Estados europeos: Alemania, Gran Bretaña y Francia, cada día juegan un papel menor en el mundo actuando por separado, o hasta coordinados (a pesar de que los dos últimos son potencias nucleares y miembros permanentes del Consejo de Seguridad), e incluso la propia UE es un “enano” político a escala global, aparte de un “gusano” militar, como se dice irónicamente.

[17] Es decir, además de luchar con EEUU, vía OTAN, para tener acceso a dichos recursos, como lo estamos viendo hoy en día en Afganistán, para controlar Asia Central, o mediante la presión conjunta sobre Irán (en donde la nueva UE (Sarkozy-Kouchner) está convergiendo peligrosamente con EEUU en sus posturas más duras), la UE tendrá que buscar el acceso y probablemente luchar (dado su lógica interna) por sus “propios” recursos vitales de petróleo y gas.

[18] Primero con el Tratado de Libre Comercio (TLC), en 1994, y ahora con el Acuerdo para Seguridad y Protección de América del Norte (ASPAN).

[19] Todavía no ha conseguido introducir el término “cristiana”, pero lo conseguido es un paso atrás muy considerable en el carácter laico hasta ahora de las instituciones comunitarias.

[20]Ver http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?rubrique67

Todo sin el pueblo

2007-12-08T22:36:00.000+01:00

Se nos está diciendo que fue un craso error permitir que, al menos en algunos países, el tratado constitucional fuese sometido a consulta popular.

Llamativo resulta que a nadie parezca interesar en estas horas la opinión de quienes en 2005 se inclinaron por disentir del tratado constitucional de la Unión Europea. Al calor de los hechos de los últimos días, y merced a una versión abreviada de ese tratado, se nos ha repetido hasta la extenuación, por lo demás, que han quedado resueltos, por arte de magia, los problemas que la UE venía arrastrando.

Tiene su sentido que hagamos, sin embargo, un poco de memoria. Hace algo así como cuatro años las fuerzas vivas que alimentan la Unión decidieron darle prestancia a un buen puñado de tratados que con el paso del tiempo se habían ultimado, y se inclinaron por acopiarlos de la mano de un texto general que recibió el pomposo, y equívoco, nombre de "Constitución". Para hacer las cosas más atractivas, no le hicieron ascos a una ceremonia que en varios casos, y con resultados previstos de antemano, asumió la forma de referendos populares. A la operación correspondiente se sumó, no sin patetismo, la gran familia socialista, que —sino de los tiempos— no apreció males mayores al amparo de un texto de marcada impronta neoliberal.

Sabido es que la jugada salió mal. Luego de algún espectáculo tan irrelevante como poco edificante —así, un referendo español en el que se alentó con descaro que la ciudadanía respaldase un texto que ignoraba por completo— llegaron los referendos francés y holandés. Curioso resultó que los dos países que acogieron debates serios y abiertos fuesen los únicos en los cuales la ciudadanía se inclinó por rechazar lo que, hablando en propiedad, convenía llamar tratado constitucional de la UE. Para rizar el rizo, en fin, varios miembros de la Unión que habían previsto organizar consultas populares decidieron aplazarlas a la vista de que los resultados bien podían no ser los deseados. Por efecto de todo ello, la UE entró en una crisis, bien que relativa: todo seguía funcionando —o no— como hasta entonces.

No era difícil imaginar que esas fuerzas vivas que acabamos de invocar buscarían una salida como la que ha cobrado cuerpo los últimos días. En sustancia se trata de recoger lo realmente importante, lo novedoso, del viejo tratado para configurar uno más breve y, en términos de presentación, más modesto, renunciando en paralelo a las parafernalias, para que de esta suerte no se mosqueen en demasía en Francia y en Holanda, y para que salgan airosos, de paso, quienes en su momento aplazaron sus referendos. Conviene subrayar cuantas veces sea preciso, sin embargo, lo que se barrunta en el núcleo de la fórmula finalmente abrazada: ésta recupera en su integridad un código de conducta que ha estado de siempre en la construcción de la UE, y que se asienta en la firme convicción de que las cuestiones importantes las deben dirimir en exclusiva los responsables políticos.

En último término lo que se nos está diciendo —es una forma de hablar, porque nadie se atreve a afirmar tal cosa— es que fue un craso error permitir que, al menos en algunos países, el tratado constitucional fuese sometido a consulta popular. Nada peor para la Unión Europea, en otras palabras, que la perspectiva de que la ciudadanía se informe, discuta y, en su caso, disienta. Lo he dicho muchas veces: cuando a menudo se ha señalado que no había motivo mayor, en 2005, para rechazar el tratado constitucional, arguyendo al respecto que un 80% de éste lo conformaban textos ya aprobados en el pasado por la UE, se olvidaba subrayar que al calor de los referendos celebrados cobró aire por vez primera la posibilidad de que los ciudadanos hiciesen valer su disensión con respecto al contenido, de siempre incuestionable, de muchos de esos textos ultimados por políticos, tecnócratas y burócratas.

No nos engañemos: el problema mayor hoy no es el vinculado con la letra del tratado original o del minitratado que a la postre se ha abierto camino. El problema principal es la realidad material de la UE de estas horas, de la mano de una rotunda primacía de lo económico-mercantil, de un visible retroceso en el terreno de lo social, de la condición dudosamente democrática de tantas prácticas e instituciones o de la general inmundicia de la política exterior. Lo que pesa hoy como una losa en la Unión Europea es la certificación de que se ha deshecho el hechizo y sus miserias están a la vista. Eso se lo debemos al tratado constitucional que promovieron, años atrás, quienes nunca se equivocan, los mismos que saben, a ciencia cierta, que no hay nada peor que alentar un debate franco sobre cuestiones delicadas.

Carlos Taibo, La República

Tratado modificativo de la UE: Inaceptable por su método y por su contenido

2007-12-08T22:30:00.000+01:00

Pierre Khalfa

Agosto de 2007

Varios centenares de páginas incluyendo 297 modificaciones de los Tratados existentes, doce protocolos y algunas decenas de proyectos de declaraciones que tienen el mismo valor jurídico que los Tratados. Así es como se presenta el "Tratado modificativo" de la Unión Europea.

No se trata de hacer aquí un comentario exhaustivo, ya que por razones expresas no se han abordado una serie de temas; tan solo se van a tratar algunos aspectos y hacer una valoración global.

Un método contra todo debate democrático

La declaración común de los Gobiernos de la Unión, adoptada en Berlín en las celebraciones del cincuentenario del Tratado de Roma, se fijaba como objetivo "el sentar las bases comunes renovadas de la Unión Europea de aquí a las elecciones de 2009 al Parlamento Europeo”. Todo debía quedar resuelto para que estas elecciones europeas no se convirtieran en una ocasión de debate político sobre el futuro de la Unión. El Consejo Europeo del 21 y 22 de junio ha confirmado esta agenda. Esta reunión del Consejo Europeo reprodujo los peores momentos de la construcción europea, ofreciendo el espectáculo de una negociación a puerta cerrada cuyos términos escapaban, una vez más, a los ciudadanos de la Unión.

Un mes más tarde, la Presidencia portuguesa ha hecho entrega de un proyecto que debe ser adoptado los días 18 y 19 de octubre por el Consejo. En el plazo de apenas dos meses debería cerrarse todo. La rapidez con la cual se quiere despachar este asunto dice mucho sobre la concepción de Europa y de la democracia que anima a los dirigentes europeos. El doble rechazo francés y holandés al TCE era también, entre otras cosas, un rechazo al método por el que había servido para la construcción de Europa: negociación secreta entre Estados, ausencia de transparencia sobre el contenido de lo que está en juego, rechazo al debate público.

Se habría podido creer que a raíz del episodio del Tratado Constitucional europeo (TCE), los Gobiernos iban, al menos, a no reproducir este tipo de comportamientos. Ha ocurrido lo contrario y estamos asistiendo a la manifestación de una voluntad de exclusión de los ciudadanos europeos de todo debate sobre el futuro de la Unión. Obviamente el doble NO de Francia y Holanda ha asustado a los dirigentes europeos, que no quieren asumir el menor riesgo: por ello todo debe hacerse muy rápidamente para sacar ventaja a una posible reacción ciudadana. Y obviamente, se podrán contar con los dedos de la mano aquellos Gobiernos que ahora van a atreverse a ratificar el Tratado por la vía del referéndum. Francia no formará parte de este grupo, tal como ya ha decidido el nuevo Presidente de la República.

Este método es inaceptable y va en contra de las exigencias de muchos movimientos ciudadanos en Europa como, por ejemplo, los Attac de Europa que preconizan que se ponga en marcha una "nueva asamblea y democrática, elegida directamente por los ciudadanos de todos los Estados miembros, para elaborar un nuevo proyecto de Tratado, con la participación efectiva de los Parlamentos nacionales" y que "cualquier nuevo Tratado deberá presentarse a referéndum en todos los Estados miembros".

Un contenido que supone la prolongación de las orientaciones anteriores

El "Tratado modificativo" modifica los dos Tratados que existen, el Tratado de la Unión Europea (TUE) y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), que toma el nombre de "Tratado sobre el funcionamiento de la Unión (TFUE). Recordemos que el Tratado de la Unión Europea es el Tratado de Mastricht modificado por los de Ámsterdam y Niza y que el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea es el Tratado de Roma, modificado por los Tratados sucesivos desde 1957.

El preámbulo del TUE ha sido cambiado con la adición de un considerando que indica que la Unión debe inspirarse en la herencia religiosa de Europa. El debate sobre este punto había sido vivo en la redacción del TCE y se había conseguido no mencionar tal referencia. Si ésta mención persistiese, sería una victoria para las corrientes oscurantistas y un retroceso ideológico muy importante. Debemos exigir (del Presidente de la República) que Francia ponga su veto a tal formulación en contradicción con el principio de laicidad.

La competencia

La prensa se hizo mucho eco del "éxito" alcanzado por Nicolás Sarkozy que consiguió que no apareciera la expresión "competencia libre y no falseada" como un objetivo de la Unión. Se trata ciertamente de una victoria simbólica de los partidarios de NO al TCE y las victorias simbólicas no son desdeñables, ya que legitiman un combate. ¿Pero tendrá esto alguna consecuencia concreta?

El principio de la competencia sigue estando presente en muchos artículos de los Tratados. Citemos, por ejemplo, el artículo 105 que se ha mantenido en el TFUE, que confirma "el principio de una economía de mercado abierta donde la competencia es libre". Además este principio sigue siendo el núcleo de la mayoría de los actos legislativos europeos que siguen estando en vigor, en particular, los de liberalización de los servicios públicos.

Por último, para evitar cualquier falsa interpretación, el protocolo Nº 6 recuerda claramente el principio aplicable sobre este tema: "el mercado interior, tal como se define en el artículo [I-3] del Tratado de la Unión Europea, constituye un sistema que garantiza que la competencia no se falsea". El artículo [I-3] se refiere a los objetivos de la Unión. De esta manera la competencia no falseada es reintroducida en los objetivos de la Unión de donde parecía haber desaparecido. Para remachar el clavo y poner claramente de manifiesto que no se trata de un objetivo teórico, el protocolo Nº 6 recuerda que "la Unión adoptará, en caso necesario, las medidas en el marco de las disposiciones de los Tratados".

Como se ve, la fuerza del derecho de la competencia sigue siendo la misma. Sigue siendo el derecho organizador de la Unión, un derecho normativo, verdadero derecho "constitucional", que relega a la mayor parte de los otros textos europeos a meras declaraciones de intención sin alcance operativo práctico.

Una modificación del artículo 93 en el TFUE, que se refiere a la armonización fiscal, además de a otras legislaciones relativas a los impuestos sobre volumen de negocios, indica que esta armonización debe llevarse a cabo con el fin "de evitar las distorsiones de la competencia". Sin embargo este procedimiento de armonización queda sometido a la unanimidad de los Estados. Más allá incluso del hecho de que habría sido necesario precisar en qué sentido debía hacerse - ya que algunos Estados no tienen impuesto de sociedades- esta armonización no parece que vaya a ver el día por el momento.

Política comercial. Movimiento de capitales

La política comercial de la Unión, que se confirma como competencia exclusiva de la misma, abarca los correspondientes acuerdos sobre tarifas aduaneras, intercambio de mercancías y servicios, propiedad intelectual, inversión directa en el extranjero (IDE), políticas exportadoras y de “defensa comercial”.

El marco general de esta política lo definen conjuntamente el Parlamento y el Consejo europeos y las negociaciones las realiza la Comisión. Se fija como objetivo " fomentar la integración de todos los países en la economía mundial, incluyendo la supresión progresiva de los obstáculos al comercio internacional" (nuevo artículo 10A TUE). El libre comercio generalizado sigue siendo el horizonte infranqueable de las políticas europeas.

Este objetivo se ratifica de manera más amplia en el artículo 188 B del TFUE que indica que la Unión "contribuye (...) a la supresión progresiva de las restricciones a los intercambios internacionales y a las inversiones extranjeras directas, así como a la reducción de las barreras aduaneras y otras". Este artículo modifica la redacción actual en el sentido de una mayor liberalización aún: las inversiones extranjeras directas y " las demás" no aparecían en el artículo inicial. Esta última expresión remite a los "obstáculos al comercio de carácter no arancelario " como las normas medioambientales o la protección de los consumidores, que es el objetivo de las políticas de liberalización efectuadas, en otros, por la OMC.

Sin embargo, en la retórica habitual de la UE, se habla de apoyar el desarrollo sostenible de los países en vías de desarrollo - en los planos económico, social y medioambiental – con el objetivo de erradicar la pobreza. Este ejercicio de cinismo se ha concretado por ejemplo en los famosos Acuerdos de Colaboración Económica, los conocidos como EPAS, que pretenden exactamente lo contrario,

Se requiere sin embargo la unanimidad de los Estados para la celebración de acuerdos comerciales en "el ámbito de los servicios culturales y audiovisuales cuando estos acuerdos pueden incidir en la diversidad cultural y lingüística de la Unión", la IDE, y "en el ámbito del comercio de los servicios sociales, de educación y de salud, cuando estos acuerdos corren el riesgo de perturbar seriamente la organización de estos servicios a nivel nacional". Una cuestión permanece sin embargo sin respuesta: ¿quién va a decidir cuando se producen los mencionados riesgos? Para el resto de materias, basta la mayoría cualificada en el Consejo

El Tratado modificativo no atenta, obviamente, a la libertad circulación de los capitales, no sólo entre los Estados miembros, sino también entre éstos y terceros países (arte 56 TFUE) y sigue siendo requerida la unanimidad de los Estados para cualquier medida destinada a limitar la liberalización de los movimientos de capitales (artículo 57-3 TFUE). Se contempla únicamente la posibilidad de restringir estos movimientos en la lucha antiterrorista

Papel del BCE. Política económica

La estabilidad de los precios forma ahora parte de los objetivos de la Unión (artículo 3 TUE modificado). Hay que señalar que en el TUE actual la estabilidad de los precios no aparecía entre los objetivos de la Unión. Este era un objetivo solo del Banco Central Europeo (BCE) como se indicaba en el artículo 105 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. Aunque su inclusión como objetivo de la Unión no va a cambiar nada en la práctica, no por ello es menos simbólico, sobre todo teniendo en cuenta que, obviamente, no se dice nada con respecto a la inflación promovida por los activos financieros que es una de las causas de las disfunciones de la economía mundial. Este artículo 105 se mantiene en el TFUE y, además, se incluye un nuevo artículo, el 245 bis, referente al BCE que reafirma aún más objetivo por si ello no fuera suficiente.

La independencia del BCE se sigue manteniendo, evidentemente (art.108 TFUE) y tendrá como único objetivo mantener la estabilidad de los precios, a diferencia de otros bancos centrales. Sin embargo viene inyectando fondos públicos para ayudar a las instituciones financieras afectadas por la crisis hipotecaria.

La Declaración 17 reafirma "su compromiso en pro (de la CIG) de la estrategia de Lisboa" y preconiza el refuerzo de la competitividad. Invita "a una reestructuración de los ingresos y gastos públicos, respetando al mismo tiempo la disciplina presupuestaria de acuerdo con los Tratados y al Pacto de estabilidad y crecimiento". Fija como objetivo el "llegar progresivamente a un excedente presupuestario en período de coyuntura favorable". En resumen sigue la doctrina neoliberal habitual, agravada por el objetivo de alcanzar un excedente presupuestario.

Como novedad, se introduce la posibilidad de que el Consejo pueda adoptar posiciones comunes de la UE en las diversas IFI (art. 98 del TFUE)

Política de seguridad y defensa

Esta política se define y pone en práctica por acuerdos unánimes, adoptados en el Consejo. La defensa común de la Unión solo se contempla dentro del marco de la OTAN. En el tratado el vínculo con la OTAN se ve reforzado. La formulación actual (artículo 17-4 TUE) indica que la cooperación en el marco de la OTAN no puede tener lugar sino "en la medida en que esta cooperación no contraviene a la que está prevista en el presente título ni la obstaculiza". La nueva formulación vincula aun más estrechamente una futura defensa europea con la OTAN: "los compromisos y la cooperación en este ámbito siguen siendo conformes a los compromisos suscritos con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que sigue siendo, para los Estados que son miembros de ella, el fundamento de su defensa colectiva y la instancia de su puesta en práctica" (futuro artículo 27-7 TUE).

El protocolo abunda en este punto, "recordando que la política de seguridad y defensa común de la Unión respeta las obligaciones que se derivan del Tratado del Atlántico Norte" y "que un papel más activo de la Unión, en lo referente a seguridad y defensa, contribuirá a la vitalidad de una alianza atlántica renovada".

El militarismo se fomenta oficialmente: "los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares " (futuro arte. 27-3 TUE). Este debe ser, por otra parte, el único lugar donde el Tratado anima a los Estados a aumentar sus gastos públicos.

A su vez, y en nombre de la lucha contra el terrorismo se fomentan las intervenciones militares en el extranjero, al afirmar: "todas estas misiones pueden contribuir a la lucha contra el terrorismo, incluido el apoyo aportado a terceros países para combatir el terrorismo en su territorio" (futuro artículo 28 TUE). Se pide asimismo a los Estados Miembros (EM) que contribuyan, no más tarde del 2010, con unidades de despliegue rápido para las misiones de la UE en el exterior. Este artículo viene a autorizar, de hecho, todas las aventuras militares. Las misiones serán propuestas por el Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad Común (cargo ocupado actualmente por Javier Solana) o los EM y necesitarán del acuerdo unánime del Consejo.

Se establece asimismo (art. 188 del TFUE) una cláusula de solidaridad para la actuación conjunta de los EM en catástrofes naturales o ataques terroristas (incluyendo el uso de medios militares, en este caso)

Carta de Derechos Fundamentales

La Carta de Derechos Fundamentales no ha sido integrada en el Tratado modificativo. La Declaración nº 11 indica que "será declarada solemnemente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el día de la firma" de los dos Tratados modificados. Esta misma declaración retoma el texto. El artículo 6 del TUE sobre los derechos fundamentales ha sido re-escrito para de esta forma integrar su existencia que "tiene el mismo valor jurídico que los Tratados". La Carta será pues "jurídicamente vinculante" (Declaración 31). El problema está en saber hasta qué punto.

En efecto, los derechos sociales que se contienen en ella son de muy de escaso alcance. Por ejemplo, el derecho al trabajo y al empleo no existen y sólo figura el "derecho a trabajar". El derecho a la protección social es sustituido por un simple "derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los servicios sociales". Este texto está muy por detrás de la Declaración Universal de los derechos humanos y de la Constitución francesa (entre otras). En efecto, esta última afirma que "todo el mundo tiene derecho a tener un empleo" y que "(la nación) garantiza a todos la protección de la salud, la seguridad material"[1]. Es bien cierto que para puedan aplicarse estos derechos hay que luchar cada día, pero al menos se reconocen .

Otros temas plantean aún mayores problemas. El derecho al aborto y a la contracepción no son reconocidos por la Carta. En este marco, se puede temer que la reafirmación del "derecho a la vida" pueda ser utilizada por algunos para impugnarlos ante el Tribunal de Justicia.

En lo esencial, la aplicación de los derechos contenidos en esta Carta se remite a las "prácticas y legislaciones nacionales". Así pues , esta Carta no crea en lo fundamental derecho social europeo susceptible de reequilibrar el derecho de la competencia que seguirá siendo dominante a escala europea. Para completar la situación, siempre existen limitaciones a estos derechos que pueden aportarse si se juzgan "necesarias".

Además, para asegurarse de cualquier tipo de descontrol , el alcance es explícitamente limitado. El texto (de la Carta) indica que "no crea ninguna competencia ni ninguna tarea nuevas para la Unión y tampoco modifica las competencias y tareas definidas en los Tratados", frase que no podría ser más prudente en la nueva formulación del artículo 6 del TUE y por la Declaración 31. Aún mas, "su invocación (de las disposiciones de la Carta) ante el juez no es admitida que para el control de la interpretación y la legalidad (de los actos adoptados por las instituciones de la Unión y de los Estados)", lo que reduce extraordinariamente su alcance jurídico.

Por otra parte, la Carta indica que "será interpretada por los órganos jurisdiccionales de la Unión y de los Estados miembros teniendo en cuenta en todo momento las explicaciones establecidas bajo la autoridad del Presidium de la Convención que elaboró la Carta y actualizadas bajo la responsabilidad del Presidium de la Convención europea". Estas "explicaciones", recordadas en la Declaración 12, limitan en buena parte el alcance de los derechos contenidos en la Carta.

Por último, ha sido suprimido el 4º párrafo del artículo 6 del TUE sobre los derechos fundamentales, que indicaba que " la Unión se dota de los medios necesarios para lograr sus objetivos y llevar a cabo sus políticas", confirmando de esta manera que esta Carta va camino de no tener ningún impacto en relación a las políticas públicas europeas.

A pesar de todas estas precauciones, este texto esta de más, incluso para algunos Gobiernos. Así el Reino Unido ha conseguido no estar obligado a su cumplimiento (Protocolo Nº 7) y Polonia e Irlanda prevén hacer lo mismo.

Servicios públicos

El artículo 16 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea reconocía como un "valor común de la Unión" a los servicios de interés económico general (SIEG) e indicaba que la Unión y sus Estados miembros "velan para que estos servicios funcionen sobre las bases de principios y en condiciones que les permiten realizar sus misiones"

Este artículo ha sido modificado. Se convierte ahora en el artículo 14 del TFUE. La nueva redacción menciona explícitamente la necesidad para la Unión y sus Estados miembros de garantizar las condiciones económicas y financieras que permitan a los SIEG garantizar sus misiones. Además, se añade una nueva frase que indica que "el Parlamento Europeo y el Consejo (...) establecen estos principios y fijan estas condiciones".

Estas modificaciones son positivas. Sin embargo, no afectan a la parte fundamental de la cuestión . En efecto, la aplicación de este artículo queda sometida explícitamente a los artículos 86 y 87 del Tratado. Estos artículos han sido conservados en el TFUE. El artículo 86 tiene un alcance considerable. Es mortífero para los servicios públicos. Éstos se someten a las normas de la competencia. Solo se pueden derogar si ello no supone un obstáculo para el desarrollo de los intercambios "en una medida contraria al interés de la Comunidad". Es la Comisión la que juzga las posibles derogaciones. La Comisión tiene así todo el poder para abrir los servicios públicos a la competencia. Este artículo proporciona el fundamento jurídico para la liberalización de los servicios públicos. De hecho el artículo 87 hace prácticamente imposible cualquier ayuda estatal por razones de interés general.

La referencia a los artículos 86 y 87 vacía, de hecho, el nuevo artículo 14 de todo alcance operativo para desarrollar los servicios públicos.

El Protocolo Nº 9 hace referencia a los servicios de interés general (SIG). Es la primera vez que un texto de alcance jurídico equivalente a los Tratados menciona estos SIG. Se refiere a disposiciones interpretativas que se anexarán al TFUE. El artículo 1 puntualiza el artículo 14 sobre los SIEG. Preconiza "un elevado nivel de calidad, seguridad y accesibilidad, la igualdad de trato y la promoción del acceso universal y los derechos para los usuarios". Hay que temer que estas formulaciones generales, ya encontrados en otros textos europeos, no pesen demasiado cara a la apertura a la competencia, que sigue siendo la norma para los SIG.

Aparentemente más innovador, el artículo 2 se refiere a los SIG: "las disposiciones de los Tratados no afectan de ninguna manera a la competencia de los Estados miembros relativos al suministro, la puesta en servicio y la organización de servicios no económicos de interés general". Este artículo parece pues proteger los SIG de las normas de la competencia. El problema estriba, en realidad, en la definición de los "servicios no económicos" que no aparece en el texto.

Una sentencia del Tribunal de Justicia (C-180-184/98) indica que "constituye una actividad económica cualquier actividad consistente en ofrecer bienes y servicios en un determinado mercado ". Con este tipo de definición, casi todo puede considerarse como "una actividad económica" y en consecuencia puede ser sometido al derecho de la competencia y a las normas del mercado interior. Y de hecho, en un informe sobre los servicios de interés general, redactado con motivo del Consejo Europeo de Laeken al final del año 2001, la Comisión indica que "no es posible establecer a priori una lista definitiva de todos los servicios de interés general que deban ser considerados como no económicos". Indica, por otra parte, que "la gama de servicios que pueden ser propuestos en un mercado depende de los cambios tecnológicos, económicos y empresariales", la distinción entre servicios de interés general y servicios de interés económico general pierde su pertinencia.

En este marco, el artículo 2 está destinado a no tener ningún alcance práctico.

Salud. Seguridad social

El artículo 18 modificado del TFUE hace referencia al libre derecho de circulación en la Unión para todo los ciudadanos de la Unión. Se crea un nuevo apartado 3. Indica que a tal efecto, "el Consejo, decidiendo de acuerdo con un procedimiento legislativo especial, puede adoptar medidas referentes a la seguridad social o a la protección social". El alcance de este artículo es ciertamente limitado y será necesaria la unanimidad de los Estados. Sin embargo hay que prestar la mayor atención a esta disposición cuando se conoce la propensión de la Comisión a aprovechar el menor intersticio jurídico para poner en cuestión las políticas públicas.

El artículo 42 modificado del TFUE se refiere a los derechos de los trabajadores migrantes en materia de seguridad social. El procedimiento de la unanimidad de los Estados es sustituido por un procedimiento más complejo que permite a un Estado bloquear momentáneamente un proyecto durante cuatro meses.

La declaración 14 indica que "en caso de que un proyecto de acto legislativo (...) afectase a los aspectos fundamentales del sistema de seguridad social de un Estado miembro (...) los intereses de dicho Estado miembro se tendrán en cuenta debidamente ". La necesidad de tal declaración dice mucho sobre lo que puede preverse.

El artículo 176 E del TFUE, que modifica el artículo 152 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, reafirma la responsabilidad de los Estados miembros con respecto a la definición de su política de salud, incluyendo el plan de recursos. Habida cuenta de la gran disparidad de los sistemas de protección social que se da a partir de la ampliación de 2004, habría sido sin embargo útil y necesario que el Tratado indicase objetivos más precisos de Salud Pública, estableciendo, por ejemplo, un objetivo mínimo de participación de los gastos de salud en el PIB de los países en cuestión, así como una perspectiva de convergencia hacia arriba de los sistemas de protección social.

Transportes

El segundo párrafo del artículo 71 del TFUE ha sido modificado. Su redacción actual preveía la necesidad de la unanimidad de los Estados para adoptar, en el marco de la política común de transportes, medidas cuya aplicación podría afectar al nivel de vida, al empleo o a la explotación de los equipamientos de transporte. La nueva redacción indica simplemente que, en la aplicación de la política común de transportes, "se tienen en cuenta" estos aspectos. Se ha saltado con ello un cerrojo protector del servicio público de los transportes.

Energía

Se crea un título específico en el TFUE (artículo 1176 A). Se sitúa "en el marco del establecimiento o el funcionamiento del mercado interior", es decir, de la liberalización del mercado de la energía. Si bien se pretende "garantizar la seguridad del suministro energético (...) el ahorro de energía, así como el desarrollo de las energías nuevas y renovables", se empeña en querer "promover la interconexión de las redes energéticas" aunque ello pueda tener ,o haya tenido ya, consecuencias desastrosas debido a la multiplicación de los problemas creados por la liberalización del sector. El derecho a la energía no es mencionado, a pesar de la liberalización del sector combate directamente el servicio público de la energía. Se faculta a la Comisión a adoptar medidas en casos de crisis de suministros energéticos (art. 84 del TFUE)

Competencias recíprocas entre la Unión y los Estados miembros

Se ha precisado la distribución de las competencias entre la Unión y los Estados miembros. "Cualquier competencia no asignada en los Tratados pertenece a los Estados miembros (...) la Unión se produce solamente si, y en la medida en que, los objetivos de la acción considerada no puedan ser logrados adecuadamente por los Estados miembros" (nuevos artículos 4 y 5 TUE). Estos principios se especifican en los artículos 2 a 6 del TFUE.

Aparecen tres tipos de ámbitos: los son competencia exclusiva de la Unión, los que son competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros y aquellos para los cuales "la Unión dispone de alguna competencia para realizar acciones destinadas a apoyar, coordinar o completar la acción de los Estados miembros". Esta división de responsabilidades, que parece clara, no lo es en realidad .

En efecto, en el caso de temas de competencia compartida, el Tratado modificativo indica que "los Estados miembros ejercen su competencia en la medida en que la Unión no ha ejercido los suyos". No se trata pues de una competencia compartida con los Estados miembros, sino de una afirmación de la superioridad de las acciones de la Unión sobre las de los Estados miembros. La lista de los ámbitos afectados por la "competencia exclusiva" y por la "competencia compartida" afecta a un número impresionante de los aspectos de la vida diaria de los habitantes de la Unión, sin añadir aquéllos para los cuales "la Unión dispone de una competencia para realizar acciones para apoyar, coordinar o completar la acción de los Estados miembros".

Los Estados mantienen un derecho de veto sobre la acción exterior de la Unión, y sobre la Política Exterior y de seguridad común. Una parte de las políticas sociales y fiscales escapa al derecho de la Unión, pero en la práctica están sobredeterminadas por las políticas económicas incluidas en la Unión. Así cerca del 80% de las leyes adoptadas por los Parlamentos nacionales solo suponen la mera transposición del derecho europeo. Todo esto es lo que hace absolutamente necesario la construcción de relaciones de fuerzas a escala de la Unión.

Conviene resaltar que se excluye expresamente cualquier posible armonización de las legislaciones y reglamentos de los respectivos EM.

Las modificaciones institucionales

1. Derecho de iniciativa ciudadana

“ Los ciudadanos de la Unión, en número de al menos un millón , residentes de un número significativo de Estados miembros, pueden tomar la iniciativa de invitar a la Comisión, en el marco de sus atribuciones, a presentar una propuesta apropiada sobre cuestiones por las que estos ciudadanos consideran que un acto jurídico de la Unión es necesario a efecto de la aplicación de los Tratados" (nuevo artículo. 8 B TUE).

Por encima del hecho de que los ciudadanos no esperaban que este texto se incluyese en el Tratado para su aplicación , este derecho de petición permanece muy estrictamente enmarcado . Debe referirse a la aplicación de los Tratados. Así pues está fuera de lugar hacer cualquier petición destinada a su modificación. Además, es la Comisión quien decide, obviamente, la oportunidad o no de hacerlo. En resumen , significa un avance tan pequeño para la intervención ciudadana que puede concluirse que seguimos en el mismo lugar. Sin embargo puede utilizarse como un arma en la construcción de relación de fuerzas a escala europea, como puede ser el caso de una petición a escala nacional.

2. Actos legislativos europeos. Papel de la Comisión

Estos actos son las directivas, reglamentos o decisiones. La definición de estos términos viene dada por el artículo 249 del TFUE. Se ha modificado la definición de la "decisión". En su definición actual, una decisión, que es obligatoriamente aplicable, hacía referencia a uno o más destinatarios precisos. La nueva definición le da un alcance más general. Hay que preguntarse cuál es el sentido exacto de esta modificación.

El papel de la Comisión queda definido en un nuevo artículo 9 D del TUE: "un acto legislativo de la Unión no puede ser adoptado más que como consecuencia de una propuesta de la Comisión, excepto en los casos en que los Tratados lo dispongan de otra manera". ¿Cuáles son estos casos? Remiten a los dos tipos de procedimientos legislativos (nuevo artículo 249A TFUE). "El procedimiento legislativo ordinario consiste en la aprobación de un Reglamento, de una Directiva o de una decisión conjuntamente con el Parlamento y el Consejo a propuesta de la Comisión."

Un procedimiento legislativo especial consiste en la aprobación de un reglamento, de una Directiva o de una decisión por el Parlamento Europeo con la participación del Consejo o por éste con la participación del Parlamento europeo . A primera vista se observa una cierta oscuridad en este concepto de "procedimiento legislativo especial", que aparece con bastante frecuencia en el Tratado modificativo. En este caso, no se menciona el papel de la Comisión. Por otra parte, el papel de la Comisión se ve incrementado, puesto que un acto legislativo puede delegar a la Comisión el poder de modificar "algunos elementos no esenciales" de este acto (nuevo artículo 249 B TFUE).

3. Papel de los Parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo

Los Parlamentos nacionales aparecen en sucesivas ocasiones (nuevo artículo 8 C TUE, protocolo Nº 1 y 2...), con la voluntad manifiesta de reforzar su papel.

El artículo 7 del protocolo Nº 2 indica el procedimiento que les permite incidir sobre el proceso legislativo europeo. Cada Parlamento nacional dispone de 2 votos. Aparecen dos casos hipotéticos. En el caso de un procedimiento legislativo ordinario, si se da una mayoría de los votos asignados a los Parlamentos nacionales que emite un dictamen negativo, el proyecto debe reexaminarse. En los otros casos basta un tercio de los votos (un cuarto en el caso de las cuestiones de seguridad y justicia). El dictamen negativo debe ser justificado por el incumplimiento del principio de subsidiariedad.

Este artículo refuerza ciertamente el papel de los Parlamentos nacionales. Sin embargo su alcance es muy limitado, puesto que los Parlamentos nacionales no se manifiestan sobre el fondo del proyecto, sino en relación a su conformidad jurídica : respeto o no del principio de subsidiariedad.

El papel del Parlamento Europeo se ve fortalecido por un aumento significativo de los ámbitos que dependen de la codecisión con el Consejo.

Finalmente un Parlamento nacional podrá bloquear una decisión del Consejo que transforme el método de adopción por este último de actos legislativos en el caso en que el Consejo decida votar por mayoría cualificada, en vez de por la unanimidad requerida por los Tratados, y en el caso de un cambio de un procedimiento legislativo especial a un procedimiento legislativo ordinario (nuevo artículo 33-3 TUE).

4. Derecho de recurso individual en el Tribunal de Justicia

Este recurso es limitado. En efecto, el 4º párrafo del artículo 230 TFUE ha sido modificado. La redacción actual preveía que un recurso de un individuo era posible incluso si las decisiones que le concernieran directa e individualmente “se hubieran tomado bajo la apariencia de un reglamento o de una decisión dirigida a otra persona". Esta última posibilidad ha desaparecido.

5. Las otras modificaciones

La Unión se ve dotada con una personalidad jurídica, lo que le permite firmar acuerdos internacionales en nombre de los Estados miembros. La mayoría cualificada en el Consejo pasa a ser el 50% de los Estados y el 55% de la población a partir del 1 de noviembre de 2014 , con medidas transitorias complejas que podrán durar hasta 2017. Hay también una reducción del número de Comisarios, aplicándose un procedimiento de transición hasta el 31 de octubre de 2014. Se crea el puesto de Presidente del Consejo Europeo para un mandato de 2,5 años, renovable una vez y de un Alto Representante de la Unión (se rechazó el término el Ministro) para los Asuntos Exteriores.

Combatir este Tratado, exigir un referéndum

El Tratado modificativo transfiere lo fundamental del TCE a los Tratados actuales. Como ha dicho crudamente Valéry Giscard de Estaing "(de esta manera ) los Gobiernos europeos se han puesto de acuerdo sobre cambios cosméticos a la Constitución para que sea más fácil de tragar". Ciertamente no se emplea ahora el término "constitución" y este texto tendrá pues un menor alcance simbólico. Se trata de un Tratado más.

La disposición, que permite al Reino Unido estar dispensado de aplicar la Carta de Derechos Fundamentales, abre un debate interesante. Puede interpretarse de dos maneras. La primera, es que los derechos sociales a nivel europeo, incluso reducidos a la mínima expresión , no son obligatorios en la misma manera en que lo son las normas del mercado interior. Lo social sería pues una opción y la competencia una obligación . Es la oficialización del dumping social. El segundo, es que ahora cada país podría elegir lo que más le conviene en las decisiones europeas. Se instauraría una Europa a la carta con todos sus inconvenientes, el aumento de la competencia entre los Estados, y con sus ventajas, el hecho a poder negarse a aplicar una decisión. Por ejemplo, el Gobierno francés, que afirma querer defender los servicios públicos, podría negarse a aplicar la Directiva postal. Esta interpretación se confirma por el tratamiento excepcional que se otorga a Irlanda, RU y, especialmente, Dinamarca, en lo relativo al cumplimiento de los Acuerdos de Schengen, aportaciones de capacidad militar, votaciones y diversas obligaciones derivadas del TFUE.

Más allá de todo lo dicho , permanecen las mismas razones de fondo para este Tratado que las que justificaron el rechazo del TCE. Caracterizado de principio a fin por el neoliberalismo, tanto en los principios que promueve como en las políticas que predica, este Tratado viene a ser una prolongación de los de Mastricht y Ámsterdam. La Unión Europea va a seguir siendo un espacio privilegiado de promoción de las políticas neoliberales. Los escasos puntos positivos( del Tratado ) no ponen en entredicho el funcionamiento actual de la Unión, que viene caracterizado por un profundo déficit democrático marcado por la confusión de poderes que dota al órgano ejecutivo de la Unión, la Comisión, de poderes legislativos y judiciales y que hace del Consejo un órgano legislativo a la vez que resulta de la reunión de los ejecutivos nacionales.

A estas razones de fondo hay que añadir el método empleado en su elaboración , que confirma la voluntad de los Gobiernos y de la Comisión de excluir al pueblo y los ciudadanos del proceso de construcción de la Unión. La rapidez del proceso de elaboración corre el riesgo de limitar la posibilidad de sopesar su contenido, habida cuenta de la complejidad del texto. Hay un primer punto que puede sin embargo promover una amplia movilización ciudadana: hacer retirar del Tratado toda referencia a la herencia religiosa de Europa.

Más allá de este asunto , es necesario exigir la celebración de un referéndum. El TCE fue rechazado por un referéndum. El "Tratado modificativo" que retoma el contenido fundamental de éste Tratado Constitucional , debe someterse directamente a la votación de los ciudadanos por referéndum.

_______________________________

(Traducción realizada por Ricardo Gómez Muñoz)

[1] La Constitución Española va aún más allá en muchos de los derechos sociales y ciudadanos y reconoce que” todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo” ( Art.35) , aunque no se habla de derecho a tener un empleo . A su vez , se reconoce como principio rector de la política social y económica que “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia ( Art.39) y que estos poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes... ( Art. 41 ).

Acuerdos de la Asociación Económica: Otro acuerdo comercial entre ACP y la UE es posible y conveniente

2007-12-08T22:10:00.000+01:00

Instrucciones Políticas

“a medida que la fecha límite […] se acerca, se crea el peligro de que nuestras agrupaciones regionales se vean presionadas a aceptar EPA que no tengan suficientemente en cuenta los intereses de desarrollo a largo plazo de África”

Elizabeth Tankeu, Comisaria de Comercio de AU

Conferencia de Ministros de Comercio de AU, enero de 2007

Resumen

Las negociaciones de la EPA entre la UE y los países de ACP se encuentran a pocos meses de su fecha límite, fijada para diciembre de 2007, y aún está lejos de la convergencia necesaria para que concluya dentro del espíritu de asociación del Acuerdo de Cotonú y de poder asegurar un resultado de desarrollo.

Estos acuerdos pretenden reemplazar una relación comercial particular de treinta años de duración, basada en preferencias comerciales unilaterales, con nuevos planes comerciales que deben apoyar la transformación estructural y económica de las economías de ACP. Éste es un asunto de ACP extremadamente ambicioso para las negociaciones de la EPA, la cual va más allá de pactar un simple acuerdo de comercio regional libre.

ActionAid cree que los Acuerdos de la Asociación Económica no aportaran un desarrollo a los países de ACP puesto que:

No proveen el marco necesario para el desarrollo a favor de la población pobre, ya que exponen a agricultores de ACP de pequeña escala y a pequeñas industrias a la injusta competición de los productos agrícolas subsidiados europeos y de industrias altamente competitivas creando, de este modo, un terreno de juego desigualado,
Tienen un enorme potencial para desautorizar el derecho a la alimentación de los países de ACP y las obligaciones que tienen la UE y los países de ACP en referente a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
No proporcionan un marco temporal y secuencial adecuado, puesto que exigen a los países de ACP que se liberalicen de forma paralela a la transformación estructural de sus economías,
Tendrán efectos bastante severos en los ingresos de los gobiernos de ACP para los gastos públicos,
No proporcionan un desarrollo financiero adecuado para ajustarse a la ambición del cambio que se exige,

En cambio, ellos:

Distraen de existentes procesos de integración a nivel regional dentro de las regiones de ACP y de las necesidades y prioridades específicas que surgen a partir de este hecho,
Aumentan la presión y la competición sobre recursos naturales cada vez más limitados como el pescado, la tierra y el agua, el cual es particularmente importante para garantizar una seguridad alimentaria de la población de las regiones,
Facilitan las necesidades de las industrias europeas para tener un acceso continuo a materiales baratos que no han sido tratados.
Debilitan el papel del Estado limitando severamente el espacio político de ACP y reduciendo los ingresos del gobierno para los gastos públicos.

Un nuevo acuerdo que se está levantando en la GSP+, cuadraría el círculo de hacer compatibles y prácticamente no menos favorables que los existentes.

Negociaciones de la EPA: presión para escoger la opción correcta

Las negociaciones de los Acuerdos de Asociación Económica entre la Unión Europea y el grupo de los países de ACP han entrado en una fase crítica. La fecha límite para la finalización de las negociaciones se ha programado para finales de 2007 y aún se deben discutir en profundidad muchas divergencias entre la UE y los países de ACP sobre las implicaciones a largo plazo y la dimensión de desarrollo. Particularmente en temas como el acceso al mercado y programas de reducción de aranceles, nivel de protección de los productos agrícolas de ACP, compromisos de liberalización que van más allá de mercaderías, la financiación de desarrollo, la cual es esencial para tratar de resolver restricciones indirectas de abastecimiento y necesidades especificas relacionadas con EPA.

Estos acuerdos pretenden reemplazar una especial relación comercial de treinta años de duración, durante los cuales los países de ACP se beneficiaron de un acceso unilateral y libre de impuestos al mercado de la UE en la mayoría de sus exportaciones y con seis acuerdos de comercio bi-regionales distintos. La base de la UE para negociar EPA como acuerdos de comercio libre recíprocos es el fracaso de las preferencias de comercio para proporcionar un mayor crecimiento comercial y para ayudar a los países de ACP con la dependencia en las materias primas.

En un mundo globalizado, el comercio puede contribuir a un desarrollo económico y puede ser una herramienta poderosa de crecimiento nacional. Sin embargo, se reconoce ampliamente que la liberalización en sí no produce necesariamente crecimiento comercial y económico y aún menos desarrollo. Desde los inicios de las negociaciones de la EPA, los países de ACP mantenían que las EPA debían dar apoyo a la transformación económica y estructural de las economías de los países de ACP; un proceso de transformación estructural que añade, de forma progresiva, más valor a los bienes y servicios producidos en las regiones de ACP en formas que generan un incremento de empleo e ingresos rurales y no debilita la seguridad alimenticia o la propiedad municipal total de estos procesos.

Éste es un asunto de ACP extremadamente ambicioso para las negociaciones de la EPA, la cual va más allá de pactar un simple acuerdo de comercio regional libre. Requiere una crítica meticulosa de cada uno de los aspectos de los propuestos acuerdos de la EPA para determinar con cuánta precisión se debe contribuir en este proceso de transformación estructural, el cual es esencial para ayudar a los ciudadanos de ACP a salir de la pobreza. Esto es la prueba decisiva para los propuestos acuerdos de la EPA con los países de ACP [1].

ActionAid cree que, si se compara con otros posibles acuerdos en cuanto a compensación, a saber, la amplitud de concesiones de liberalización que deben hacer los países de ACP para recibir un poco más de abertura de mercado de las EPA de la UE, son menos convenientes para los países de ACP que otras opciones. Las EPA no proveen un acceso sustancial del mercado nuevo a los países de ACP, sino que les piden una liberalización comercial muy ambiciosa (por tanto, el principio de reciprocidad más que completa se invierte en la realidad) y no aporta un nuevo financiamiento de desarrollo a las existentes obligaciones de la FDE.

Por tanto, la UE debería ofrecer un acuerdo comercial que proporcione a los países de ACP un acceso equitativamente generoso al mercado para las preferencias de Cotonú. Desde el punto de vista de ActionAid, esto no sólo es posible, sino también conveniente para los países de ACP.

Un nuevo acuerdo que se está levantando en la GSP+, cuadraría el círculo de hacer compatibles y prácticamente no menos favorables que los existentes.

ActionAid apoya la opinión jurídica de la Secretaría de la Comunidad Británica de Naciones, donde se dice que los compromisos pactados en el Acuerdo de Cotonú permanecerán en su lugar si la EPA no ha finalizado y ha entrado en vigor hacia el 1 de enero de 2008. La compatibilidad de la OMC no tiene prioridad sobre los compromisos pactados en el Acuerdo de Cotonú como la definición de nuevos acuerdos comerciales. Por lo tanto, en el posible caso de que la UE y los países de ACP continúen aún negociando después del final del 2007, las preferencias de Cotonú deberían continuar y no debería ocurrir ningún trastorno comercial.

Los países de ACP están negociando estos acuerdos de buena fe, y de buena fe están levantando preocupaciones, generalmente compartidas por un gran número de compañías económicas, ONG, agencias de las UN y otras instituciones. Es necesario que sus preocupaciones se asuman sin ningún tipo de represalia.

¿C¿Cuáles son las preocupaciones clave sobre las EPA?

2.1 ¿Producirán las EPA desarrollo?

La agricultura y los productos de agro-alimentación juegan un papel muy importante, no sólo como medio de vida de las comunidades, sino también para crear oportunidades para un desarrollo sostenible a favor de la población pobre. Es la actividad primaria del 60% de la población en el África sub-sahariana y en algunos países justifica más de la mitad del PIB. La agricultura es también de una importancia primordial en cuanto a ganancias en exportación. Los agricultores de pequeña escala producen la mayoría de la producción agrícola de África, en particular alimentos básicos críticos para la seguridad alimentaria. Las EPA deberían basarse en este activo para el desarrollo económico a través de la agregación de valor y la transformación mientras se garantiza la seguridad alimentaria de la población local.

Sin embargo, la completa eliminación de los aranceles dejará sin protección a la agricultura de los países de ACP de la inundación del mercado con productos agrícolas europeos subsidiados. Estas descargas de productos causan un daño masivo a los agricultores de los países en vías de desarrollo que no pueden competir con los productos baratos que inundan sus mercados, hecho que les obliga a cerrar sus negocios. Los aumentos en importación provinentes de Europa diezmarán los medios de vida de la población rural y tendrán también un efecto negativo en el desarrollo de industrias locales.

La oferta actual de la UE no encara estos problemas de forma adecuada. La UE ha ofrecido la eliminación de los subsidios de exportación para los productos en los cuales los países de ACP elimine los aranceles (aproximación cero por cero) Los subsidios de exportación no representan la mayor causa de inundación de mercado, y la eliminación de éstos ya ha sido sometido a la consideración de la conferencia ministerial de la OMC que tuvo lugar en Hong Kong en diciembre de 2005. Los subsidios domésticos, que representan una proporción mucho mayor de la ayuda para sus agricultores, tienen efectos de distorsión sobre el comercio.

Además, mientras que la UE reconoce la necesidad “para largos períodos para el desmantelamiento de los aranceles” y para excluir algunos productos de la eliminación de aranceles a causa de su importancia en cuanto a seguridad alimentaria y medios de vida, quiere limitar su aplicación para casos extremadamente excepcionales de productos nuevos.

2.2 ¿Cuáles son las posibles consecuencias de la EPA respecto a otras obligaciones estatales, como el derecho a la alimentación?

La inundación de productos agrícolas de bajo precio, el posterior desplazamiento de los productores locales y la pérdida de negocios locales que no pueden competir con las empresas europeas pueden tener consecuencias graves respecto al derecho a la alimentación para la población pobre en los países de ACP. El derecho a la alimentación es un derecho humano y es una obligación que se debe cumplir puesto que está establecido por leyes como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional en Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Trata de garantizar que todo el mundo tenga la capacidad de alimentarse con dignidad. Incluye no sólo la disponibilidad de alimentos sino también el acceso a la alimentación. La alimentación debe ser física y económicamente accesible para todos y debe también ser segura, cumplir los niveles de adecuación nutricional y ser aceptable culturalmente.

Mediante la firma de EPA, los gobiernos de los países de ACP se enfrentarán con el reto de no ser capaces de cumplir con su obligación de proporcionar el derecho a la alimentación y a la posibilidad de un reto bajo el sistema de las NU. De hecho, el comercio no puede darse si se actúa fuera o dejando de lado el marco de los Derechos Humanos. La mayoría de los Estados que firman acuerdos comerciales multilaterales y montan áreas de comercio libre forman parte también de los mayores acuerdos internacionales y regionales sobre los Derechos Humanos. Han aceptado la primacía de los Derechos Humanos mediante la firma de la Declaración de Viena, en la cual declaran que “los Derechos Humanos son la primera responsabilidad de los gobiernos” [2], por lo que los Estados están obligados a respetar, proteger y cumplir los Derechos Humanos, no sólo en decisiones internas, sino también en sus relaciones con los otros países.

2.3 Reducción de ingresos del gobierno para gastos públicos

Otra gran área de preocupación relacionada con la progresiva eliminación de los aranceles de aduana es la reducción de los ingresos del gobierno. Esto afectará a la capacidad de "inversión" de los gobiernos de los países de ACP en “políticas públicas", hecho que tendrá repercusión directa con los sectores de la educación y la santidad, Así como con el apoyo al desarrollo comercial y apoyo agrícola.

Las conclusiones de los varios estudios llevados a cabo en países que ya encaran la introducción del comercio libre con la UE, exponen que los efectos pueden ser bastante graves.

La Comisión Europea ha elaborado compromisos muy imprecisos para absorber las pérdidas fiscales haciendo referencia a “pérdidas netas” [4] no especificadas y no está dispuesta a hacer logros de la reforma fiscal una pre-condición para la reducción de aranceles.

Los gobiernos de los países de ACP y los Parlamentos nacionales se encontrarán enfrentados con el reto de hacer cuadrar el incremento de la demanda de su población con el descenso de los presupuestos. Por lo tanto, con un presupuesto nacional en descenso, será mucho más dificultoso para los países de ACP cumplir con los objetivos de la MDG, hecho que les hará cada vez más dependientes de la ayuda que reciban del exterior.

2.4 ¿El desarrollo financiero ofrecido por la Comisión Europea está a la altura del reto?

Igualmente importante que la ecuación del desarrollo es la dimensión financiera de las EPA, las cuales piden un proceso de ajuste masivo a los países de ACP. Esto a sido estimado por el valor de 9.2 billones de euros para los próximos 10 años según la Secretaría de la Comunidad Británica de Naciones. Por tanto, existe una necesidad aplastante de que se despliegue.

A la luz de esto, los países de ACP han estado pidiendo recursos adicionales para fortalecer su infraestructura económica y sus capacidades de producción para tratar los costes de ajustes relacionados con la EPA como prerrequisito para definir qué nivel de ambición pueden alcanzar en las negociaciones.

La Comisión Europea ha hecho varias declaraciones en las que afirman que la ayuda se incrementaría, por ejemplo en el FDE (incremento del 35%), el Programa Indicativo Regional (50%) y una sustancial porción del acuerdo global de la Ayuda para el Comercio destinado a los países de ACP. Sin embargo, la realidad es que:

El desembolso actual de la FDE descenderá un 37% [5] a causa de los cambios en los procedimientos de desembolso y la nueva "aproximación úsalo o piérdelo [6]".
De los dos billones de euros del acuerdo global de Ayuda para el Comercio, las nuevas cantidades de 700 millones de euros de los Estados miembro aún no se han materializado. La Comisión Europea está usando el lento ritmo de distribución por los Estados miembro como baza en las negociaciones para forzar a los países de ACP a aprobar la liberalización. Por lo tanto, los Estados miembro no han especificado qué significa realmente la porción "sustancial" que se repartirá a los países de ACP ni cuándo se decidirá [7]. Esto es a causa de que la Comisión está usando el mismo acuerdo global como baza en las negociaciones tanto de la OMC como de la EPA.
Finalmente, la Comisión Europea está intentando restringir y hacer “enlaces para un desarrollo financiero” [8] en los temas de la EPA. Esto significa que, a pesar de que no se cambien los compromisos de la EPA, los compromisos de ayuda podrían cambiar con el tiempo (por ejemplo en la revisión del Acuerdo de Cotonú).

3. ¿Las EPA deberían entrar en vigor antes de que reciban la ratificación formal de los parlamentos nacionales?

El proceso de ratificación de las EPA es largo y requiere la participación de los parlamentos nacionales, por ejemplo, a través de debates, escrutinios, análisis de implicaciones presupuestarias y/o ratificación. Esto hace que la entrada en vigor prevista para el 1 de enero de 2008 sea otro reto.

En el encuentro de ministros de Junta de Comercio de la UE y de ACP, el comisionario Mandelson sugirió "hacer previsiones en el texto de la EPA para la inmediata entrada en vigor de la ratificación pendiente de la EPA por los parlamentos nacionales”[9].

La participación de los parlamentos nacionales, incluyendo la ratificación si es el caso, representa un paso fundamental en la toma democrática de decisiones. Pasar por encima este proceso con una inmediata entrada en vigor, privará a los parlamentarios de su poder de escrutinio y, por consiguiente, asciende a debilitar el gobierno democrático.

4. ¿Qué sucederá si la EPA no entra en vigor el 1 de enero de 2008 [10]?

Las negociaciones han experimentado retrasos considerables y a día de hoy persisten varias divergencias en el enfoque y en el fundamento de los acuerdos. Por consiguiente, se han levantados dudas sobre la capacidad de concluir las negociaciones a tiempo y de disponer de las medidas administrativas, legales y reguladoras para que la EPA entre en vigor el 1 de enero de 2008 de forma efectiva. Una pregunta crítica para los negociantes y los comerciantes se plantea en la posición de las importaciones de no-LDC en caso de que las EPA no entraran en vigor en esa fecha.

Una opinión legal de la Secretaría de la Comunidad Británica de Naciones, explica —o demuestra— que “ningún fallo resultante en terminar las EPA el 1 de enero de 2008 exime el EC de su obligación de Cotonú de proporcionar un trato preferente a los países de ACP no LDC en términos equivalentes a aquéllos que actualmente obtienen. Por lo tanto, “la obligación bajo el Acuerdo de Cotonú queda válida, sujeta a revisión o denuncia hasta el 2020" [11].

De hecho, el artículo 300(7) del Tratado de la EC, expone que los acuerdos internacionales "deben ser vinculantes para las instituciones de la Comunidad y para los Estados miembro", tal como fue reafirmado por la Corte Europea de Justicia (ECJ).

Esta opinión legal refutan los puntos de vista del comisionario Mandelson de que “si no disponemos de un nuevo régimen comercial a finales de este año, la Comisión no tendrá más poción legal que la de ofrecer a las regiones preferencias de GSP menos generosas.

5. ¿Las reglas de la OMC tienen primacía por encima de las obligaciones pactadas en el Acuerdo de Cotonú?

La Comisión Europea ha afirmado en varias ocasiones que la fecha límite de final de 2007 para completar las negociaciones de la EPA es un punto que no se puede negociar a causa del vencimiento del documento de renuncia de la OMC y de las obligaciones hacia los otros miembros de la OMC.

Esto daría sentido a los negociadores y a los líderes políticos de ACP de que los compromisos de la UE en el OMC tienen primacía sobre los que se pactaron en el Acuerdo de Cotonú.

Sin embargo, el artículo 91 del Acuerdo de Cotonú, estipula que “ningún tipo de tratado, convención, acuerdo o pacto de ningún tipo entre uno o más Estados miembro de la Comunidad y uno o más estados de ACP pueden impedir la implementación de este Acuerdo". Además, el artículo 3 del Acuerdo de Cotonú impone la obligación a la CE de "tomar todas las medidas apropiadas, ya sean generales o particulares, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones surgidas a partir de este Acuerdo y para facilitar la realización de los objetivos del mismo".

“La situación financiera de Lomé Acquis, dentro de las leyes de la Comunidad, representada ahora por el Acuerdo de Cotonú, está altamente reconocida y proporciona una base para la reivindicación de derechos, así como una crítica estándar de la legalidad de las acciones de la Comisión y/o de los Estados miembro. A la inversa, los Acuerdos de la OMC no proporcionan un estándar general en contra del cual se deben probar las leyes de la Comunidad [12].

Por lo tanto, el argumento de la Comisión Europea para “dar precedencia al requisito de la compatibilidad de la OMC en la definición de nuevos acuerdos comerciales” fracasa en reconocer la validez continuada del Acuerdo de Cotonú en la ley de la Comunidad. Los retos que podrían presentarse no eximen a los partidos de sus obligaciones bajo el Acuerdo de Cotonú[13].

6. ¿Las EPA son las únicas opciones viables? NO: otro acuerdo comercial es posible y conveniente [14]

El Acuerdo de Cotonú expone claramente que el objetivo primario de cualquier acuerdo comercial entre la UE y ACP es el desarrollo y que las negociaciones se deberían informar por el principio de sociedad. Sin embargo, la CE está usando su poder político y económico para forzar “su” visión de las EPA sobre los países de ACP. En ausencia de evidencias convincentes para demostrar que las EPA son el mejor instrumento para proporcionar resultados de desarrollo, es necesario investigar si otras opciones alternativas son viables y convenientes.

Un ejemplo es un GSP+ mejorado. Esto podría ofrecer un acceso al mercado amplio para los países de ACP, casi equivalente a las preferencias de Cotonú. Con la necesaria voluntad política, la CE podría ofrecer otras opciones, como un GSP mejorado. Sin embargo, la Comisión ha refutado la investigación de esta opción con los países en vías de desarrollo.

Conclusiones y recomendaciones

Las posiciones aún son muy divergentes y se han levantado bastantes dudas respecto a la capacidad y conveniencia para la mayoría de las regiones de ACP de firmar las EPA para finales de este año y de ejecutarlas el 1 de enero de 2008.

Para cumplir la fecha límite, una de las dos bandas —con más posibilidades la más débil— debería abandonar su posición. Además, los parlamentos nacionales no tendrían el tiempo suficiente para examinar de forma adecuada ningún posible acuerdo para asegurar que el desarrollo, la sociedad y la reducción de la pobreza son el centro de cualquier acuerdo.

Los líderes políticos de ACP no deberían ser puestos bajo presión y darse prisa para firmar un acuerdo que podría determinar el futuro de su población.

Por esto, la UE debería:

pactar compromisos más amplios para la eliminación de cualquier forma de subsidio que tenga efectos de distorsión y de inundación de mercado,
Proporcionar un reaseguro para cumplir con los compromisos pactados en el Acuerdo de Cotonú y proporcionar preferencias de Cotonú en caso de que la EPA no entre en vigor el 1 de enero de 2008,
Asegurar el derecho extensivo de proteger los productos agrícolas delicados en los países de ACP,

Los países de ACP y la UE deberían:

reafirmar la primacía de los Derechos Humanos siguiendo la Declaración de Viena, el la cual se declara que “los Derechos Humanos son la primera responsabilidad de los gobiernos".
Reafirmar la importancia del derecho a la alimentación como derecho humano y como obligación establecida por leyes como la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional en Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Reafirmar claramente que dan valor al gobierno responsable y democrático y por lo tanto no pasarán por encima del papel de los parlamentos nacionales antes de la entrada en vigor de cualquier acuerdo.

Los países de ACP deberían:

Ser capaces de reintegrar aranceles a productos para protegerlos de las importaciones que tienen un efecto de distorsión en el comercio y de inundación de mercados.
Hacer una petición explícita a la Comisión Europea para que se investigue otros posibles acuerdos alternativos que sigan las líneas de mejora de la GSP+.

[1]Referencias para respaldarlo: Trade scape, a matter of political will; ODI IDS

[2]Declaración de Viena y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, Art. 1, A/CONF.157/23.

[3] Acuerdo, Artículo de retos legales para las EPAs basados en los Derechos Humanos, diciembre de 2007, no publicado.

[4] El comisionario Michel dirigiéndose a los ministros de comercio de ACP en el encuentro de junta de Ministros de la UE y ACP, el 1 de marzo de 2007, Bruselas.

[5] Paul Goodison, El Misterio de la “perdida” 10ª FDE, enero de 2007.

[6] Desde el 2000, la Comisión Europea cambió los procedimientos en el funcionamiento del desembolso de la FDE. Como resultado, la novena FDE cubrió el período 2002-2008 (en vez de 2000-2005) y la décima FDE cubrirá desde 2010 hasta 2015 (en vez de 2005-2010), período durante el cual la 11ª FDE debería haber funcionado. Esto significa que solamente habrán dos asignaciones financieras de 5 años en vez de tres durante los años comprendidos entre 2000 y 2015. Desde que la Comisión adaptado una aproximación “úsalo o piérdelo”, todos los fondos que no se han gastado no se pospondrán para la siguiente FDE, sino que se devolverán a Bruselas. Paul Goodison. El Misterio de la “perdida” 10ª FDE. Enero de 2007.

[7] Mesa redonda en “Qué valor añadido buscar por parte de la estrategia de la UE para ayudar en el comercio”, organizada por MEP David Martin MEP en el Parlamento Europeo en 5 de junio de 2007.

[8] Discurso del comisionario Mandelson en el encuentro de Junta de Ministros de la UE y ACP del 1 de marzo de 2007 en Bruselas.

[9] Ibidem

[10] Esta sección está basada en la opinión legal de la Secretaría de la Comunidad Británica de Naciones, titulada “Secretaría de la Comunidad Británica de Naciones, Opinión sobre el Régimen General Preferencial, aplicable a la importación de bienes originando no-LDC en ACP, fracasando la conclusión y entrada en vigor de la EPA el 1 de enero de 2007”. Marzo de 2007.

[11] Secretaría de la Comunidad Británica de Naciones, Opinión sobre el Régimen General Preferencial, aplicable a la importación de bienes originando no-LDC en ACP, fracasando la conclusión y entrada en vigor de la EPA el 1 de enero de 2007. Marzo de 2007, página 1 y 2.

[12] Ibidem, pág. 10.

[13] Ibidem, pág. 15.

[14] ActionAid et al., Sociedad bajo presión, Una Valoración de la Conducta de la Comisión Europea en las negociaciones de la EPA. Mayo de 2007.

Declaración de Attac España sobre el Tratado reformado de la Unión Europea Tratado de Lisboa

2007-12-08T15:03:00.000+01:00

Los Attac de Europa dicen "no"

El 11 de marzo de 2007, diecisiete Attacs de Europa hacían públicos sus " 10 principios para un Tratado democrático”, que deberían contribuir a una refundación de la Unión Europea (UE). La lectura atenta del Tratado modificativo adoptado por los Estados miembros de la UE en el Consejo Europeo del 18 y 19 de octubre pone de manifiesto que no respeta ninguno de estos diez principios. Más bien al contrario, el nuevo Tratado es una versión disfrazada del Tratado Constitucional Europeo (TCE) que los electores franceses y holandeses habían rechazado en 2005. Este texto es inaceptable, tanto por su método de elaboración como en su contenido.

1. Un método antidemocrático: los Attac de Europa proponían lanzar un proceso democrático para la elaboración y la aprobación de cualquier nuevo Tratado, que debería contemplar, entre otras cosas, la instauración de una Asamblea elegida por los ciudadanos; la participación efectiva de los parlamentos nacionales y la obligación de una ratificación mediante referéndum en cada Estado miembro. Deseaban también un Tratado corto, auto-explicativo en su texto y que pudiera ser comprendido por todos los ciudadanos. En vez de eso, tenemos, una vez más, un texto largo e ininteligible, redactado en la sombra, que se propone sea adoptado por vía parlamentaria en la mayoría de los Estados miembros, y ello por la vía rápida, impidiendo así cualquier debate público real.

2. Un funcionamiento siempre cerrado: con excepción de algunos retoques de modesto alcance, el texto actual, sigue estando caracterizado por la confusión entre los poderes que gobiernan la Unión. El Parlamento Europeo permanece excluido del dominio de las decisiones que se refieren a importantes ámbitos de la vida comunitaria, y, sobre todo, privado de toda iniciativa legislativa. Por su parte, los parlamentos nacionales, incluso si están relacionados con un número limitado de ámbitos, no pueden pronunciarse sobre el fondo de los proyectos de las Directivas. La Comisión, órgano ejecutivo de la Unión, está dotada con poderes legislativos y judiciales, mientras que el Consejo sigue siendo un órgano legislativo, al mismo tiempo que es la reunión de los ejecutivos nacionales. Los grupos de presión seguirán desempeñando un papel esencial, y los miembros de la Comisión no podrán ser elegidos o removidos por los parlamentarios. El derecho de iniciativa ciudadana queda en una declaración de intenciones no definidas. En cuanto al Banco Central Europeo (BCE), escapa a todo control democrático, y conserva como único objetivo la estabilidad de los precios, promovido al mismo rango que el resto de los objetivos de la Unión.

3. No se ofrece ninguna alternativa al neoliberalismo: la prensa ha hecho un gran alboroto en torno al tema de que la competencia "libre y no falseada" no figura ya entre los objetivos de la Unión. Ello representaría, se nos dice, la prueba de que se ha abandonado completamente el Tratado Constitucional. Pero, a lo largo de los artículos, de los protocolos y de las declaraciones, nos damos cuenta que esta competencia sigue estando omnipresente, y que es imposible escaparse del modelo neoliberal. Es la competencia la que regula los servicios de interés económico general (SIEG) y que corre el riesgo extenderse al resto de los servicios públicos. Es esta competencia la que aún que sirve de excusa a la negativa de una armonización social y fiscal por arriba. El Tratado, tal como se presenta, no hace posible para los Estados otra elección que el del liberalismo desmandado.

4. Los derechos fundamentales siguen teniendo un alcance limitado: la Carta de Derechos Fundamentales no tiene en absoluto un "valor vinculante", pero estos derechos tienen además un alcance muy de limitado y su aplicación se remite a las "prácticas y legislaciones nacionales". Así la Carta no crea ningún derecho social europeo, contentándose con meras formulaciones que no comprometen a nada. Además, algunos Estados como Irlanda y Polonia prevén quedar dispensados de la aplicación de los derechos fundamentales, por muy limitados que sean, mientras que el Reino Unido ya lo está dispensado.

5. Un Tratado militarista y atlantista: la defensa común de la Unión solo se contempla en el marco de la OTAN, y el militarismo se fomenta oficialmente: "Los Estados miembros se comprometen a mejorar progresivamente sus capacidades militares". En nombre de la lucha contra el terrorismo, se fomentan incluso las intervenciones militares en el extranjero. Son algunos de los elementos que ya figuraban en el TCE y que han sido retomados palabra por palabra en el nuevo Tratado.

Este Tratado modificativo esta marcado, de principio a fin, por el neoliberalismo, tanto en los principios que promueve como en las políticas que predica. Los escasos puntos positivos no ponen de ninguna manera en entredicho el funcionamiento actual de la Unión y su profundo déficit democrático.

Es por esta razón por la que los Attac de Europa no pueden aceptarlo. Corresponde a los pueblos y a los ciudadanos europeos decidir su futuro, de ahí la necesidad de una ratificación del Tratado por referéndum en cada uno de los Estados europeos.

Madrid, 19 de Octubre 2007

Organizaciones de Attac Europa que al día de hoy han firmado esta declaración (siguen otras):

Attac España

Attac Francia

Attac Alemania

Attac Italia

Attac Hungria

Attac Polonia

Attac Holanda

Attac Austria

La competitividad justifica todo

2007-12-08T09:00:00.000+01:00

La competitividad justifica todo

Paralelo al relanzamiento de la Constitución Europea por medio de la vía rápida, para la mayoría de la población europea pasa desapercibido el hecho de cómo Bruselas prepara nuevos ajustes estructurales, negocia el acceso de las empresas a los mercados de otros países y cómo la Unión Europea avanza con sus políticas neoliberales.

Tom Kucharz, Ecologistas en Acción

La canciller alemana, Angela Merkel, y el nuevo presidente francés, Nicolas Sarkozy, se comprometieron este año a trabajar juntos para “sacar a la UE de la parálisis” en la que se encuentra después del rechazo popular al proyecto de la Constitución Europea en Francia y Holanda en 2005. Sarkozy, que viajó a Berlín pocas horas después de tomar posesión como presidente de Francia, aseguró que esta visita a la capital alemana “no sólo era un gesto simbólico”, sino una forma de lanzar un mensaje político de gran calado al resto de socios comunitarios. También se reunió con el presidente del gobierno español para “reactivar la construcción europea”. Sarkozy aboga por un tratado simplificado, que contemple sólo mejoras en el funcionamiento de la Unión de los 27, que sería aprobado en Francia por vía parlamentaria, sin recurrir de nuevo a un referéndum. El miedo de los poderes políticos europeos a repetir el fracaso es grande. Parece entonces urgente reactivar las campañas contra la Constitución Europea y, en particular, que el movimiento, que consiguió el “No” francés y holandés, pida nuevamente una consulta popular y esta vez en todos los países de la UE.

Otro acto simbólico reciente fue la entrega al Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior y de Seguridad Común, Javier Solana, del Premio Carlomagno en la ciudad de Aquisgrán como “reconocimiento a España en Europa”. Recordamos que en medio de la guerra de Irak, Solana llevó a la Cumbre Europea de Salónica en junio de 2003 la Estrategia de Seguridad Común para Europa llamada “Una Europa segura en un mundo mejor”. El documento amparaba la intervención “preventiva” ya que según Solana “con las nuevas amenazas la primera línea de defensa estará a menudo en el extranjero”, apuntando a los países situados “al margen de la sociedad internacional” que “han de pagar un precio, incluso en sus relaciones con Europa”. En Aquisgrán Solana subrayó que “la UE necesita la Constitución o el Tratado, me da igual como se llame al final, porque ese documento aporta los instrumentos que necesita la Unión para ser más poderosa y eficaz”.

Pero a pesar de la “crisis” institucional, en los últimos 12 meses, la UE ha puesto en marcha nuevas políticas económicas y comerciales que tendrán enormes impactos sociales y ambientales, dentro y fuera de Europa. En octubre del 2006, por ejemplo, la Comisión Europea lanzó su estrategia “Europa global: compitiendo en el mundo”[1], en la que esboza la forma en que Bruselas buscará acuerdos bilaterales de libre comercio con importantes economías emergentes y, así, garantizar nuevos y provechosos mercados para las empresas europeas. La apuesta por la vía bilateral es debido al estancamiento de las negociaciones multilaterales en el seno de la Organización Mundial de Comercio desde 2001. La UE también pretende reforzar los derechos sobre la propiedad intelectual y reducir las barreras no arancelarias –como políticas sociales y ambientales- de sus socios comerciales, además de potenciar unas “reformas internas”, en el interior de la UE, aún más favorables al sector empresarial y acordes con la estrategia de Lisboa. El informe expone una agresiva estrategia de ‘competitividad externa’. En palabras del Comisario de Comercio de la UE, Peter Mandelson: “Queremos garantizar que las empresas europeas competitivas, respaldadas por las políticas internas adecuadas, deben poder ganar acceso a los mercados mundiales y operar en ellos con seguridad. Ésta es nuestra agenda”. Para poder comprender las verdaderas prioridades e intenciones de la UE, es necesario, muchas veces, consultar documentos internos, como por ejemplo los elaborados por la Dirección General de Comercio Exterior de la Comisión. Allí queda reflejado que la estrategia de Mandelson se reduce, de acuerdo con Alexandra Strickner, del Instituto para la Agricultura y la Política de Comercio, a lo siguiente: “si la UE desea mantener su competitividad en el mercado mundial, debe intensificar sus esfuerzos para crear oportunidades para sus empresas en el exterior, apuntando especialmente al entorno normativo en terceros países”. Pero para construir empresas fuertes, añade, la UE también “debería crear un entorno más favorable para las empresas dentro de sus propias fronteras”. Lo que supone mayor desempleo, precariedad, una profundización de la privatización de los servicios públicos y menos gastos públicos en sanidad, educación, cultura, integración, personas mayores y con discapacidad, además de perjudicar sobre todo a las condiciones de vida de las mujeres, concluye Barbara Specht de la red feminista europea WIDE. En nombre de la competitividad, esta estrategia promueve no solamente acuerdos comerciales con todas las regiones del mundo, sino también y fundamentalmente una mayor desregulación social, laboral y medioambiental en la propia UE. Además, el comercio internacional es una de las mayores causas del Cambio Climático debido al transporte, ahondarlo aun más supone el incremento de emisiones de CO2 y de sus impactos globales.

En abril, la Comisión Europea ha adoptado otra comunicación con el título: “Una Europa global: una Cooperación Reforzada para facilitar a los Exportadores Europeos el Acceso a los Mercados”. Según sus palabras, esta estrategia desmantela las barreras comerciales en otros países y crea ”nuevas oportunidades de exportación”. La piedra angular es una nueva “cooperación descentralizada”, o sea la creación de grupos de trabajo ad-hoc, sobre el terreno entre la Comisión, los Estados miembros y las empresas en terceros países. La asociación de Cámaras Europeas de Comercio e Industria, Eurochambres, se mostró encantada. Según su comunicado de prensa, “la estrategia de acceso a mercado es un ejemplo de cosas que están bien hechas”. Arnaldo Abruzzini, Secretario General de Eurochambres, dijo: “Nosotros hemos pedido a la Comisión desde hace mucho tiempo que desarrolle una política comercial más activa y que promueva los intereses de las empresas europeas en el exterior”. La nueva estrategia es un paso en esta dirección, según Abruzzini.

Pocos días después el Consejo de Ministros de la Unión Europea de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores aprobó en Luxemburgo, el 24 de Abril, el mandato de la Comisión Europea para negociar cinco nuevos tratados de libre comercio (TLCs) con India, Corea del Sur, países del ASEAN, América Central y los Países Andinos. Curiosamente, el mismo día, una delegación de Businesseurope, el lobby de las patronales europeas como la CEOE, se reunió con David O’Sullivan, de la Dirección General de Comercio de la Comisión Europea, para hablar sobre las negociaciones en la OMC, incentivar un rápido comienzo de las negociaciones bilaterales y demandar disposiciones obligatorias de servicios comerciales. “Estos tratados suponen una mayor amenaza para el medio ambiente y los ciudadanos en los países en desarrollo, así como en Europa, que las nefastas propuestas hechas ya en la OMC”, subraya Charly Poppe, de Friends of the Earth Europe. “Los derechos de comunidades locales y de Estados para decidir sobre sus propias políticas macroeconómicas están siendo reemplazados por orden de las empresas transnacionales europeas”, agrega.

Varios diputados de Bélgica y eurodiputados abogaron porque la Comisión Europea suspenda la apertura de negociaciones de asociación y libre comercio con la Comunidad Andina, hasta que se aclaren los vínculos entre paramilitares y congresistas en Colombia. En la II Conferencia Internacional sobre Derechos Humanos en Colombia, celebrada en abril en Bruselas, Iván Cepeda del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado de Colombia, aseguró que hay “evidencias importantes de pactos entre élites políticas, muchas cercanas al presidente Álvaro Uribe, y paramilitares” y advirtió de que esto pone en cuestión el Estado de Derecho.

Más de 90 redes y organizaciones internacionales criticaron en una carta dirigida a los ministros que “los nuevos TLCs constituyen una grave amenaza a la justicia social, la equidad de género y el desarrollo sostenible, tanto dentro como fuera de la UE”[2]. En particular vulneraría la seguridad alimentaria y generaría enormes pérdidas de empleos. La inclusión de los “temas de Singapur” en las negociaciones, que ya fueron rechazados en el marco de las negociaciones en la OMC, amenaza con restringir las posibilidades de los países en desarrollo para aplicar reglas de inversión, políticas de competencia y compras públicas para promover políticas más acordes con las necesidades de su población, como la lucha contra el hambre, la conservación de recursos naturales y el acceso universal a los servicios públicos.

Con la eliminación de todas las restricciones a las importaciones y exportaciones, explica Brid Brennan de la ONG Transnational Institute, se pone en peligro las legítimas regulaciones para proteger el medio ambiente, asegurar el acceso a la salud y otros derechos sociales, alcanzar la soberanía alimentaria o mitigar el Cambio Climático. “Es realmente escandaloso ver cómo está siendo implementada la estrategia comercial bilateral de la UE sólo por los intereses del empresariado europeo que tiene un acceso privilegiado a la Comisión en Bruselas, mientras no ha existido un significante debate público y político”, considera Myriam Vander Stichele, investigadora de la ONG holandesa SOMO, ni siquiera en los parlamentos nacionales. De hecho, los parlamentos nacionales de la UE no están siendo consultados sobre estos asuntos y es muy controvertido si deben o no ratificar los acuerdos comerciales que toma la Comisión Europea, incluso a pesar de su competencia “única” en política comercial exterior.

El pasado 19 de abril en más de 32 países se llevó a cabo una jornada de acción contra los Acuerdos de Asociación Económica que la UE está imponiendo a 79 países del África, el Caribe y el Pacífico, para romper con esta lógica antidemocrática. Estos tratados son de gran envergadura diseñados para obligar a eliminar las barreras comerciales para casi todos los productos importados de la UE. La Comisión Europea está presionando para que esos acuerdos entrañen la liberalización de las inversiones, el comercio de servicios y la contratación pública.

Millones de personas perderán su acceso a los recursos naturales, como agua, pesca o madera. Especialmente las comunidades rurales, que suponen todavía la mayoría de la población en los países objetivos de los tratados comerciales de la UE, serán afectadas por la inundación de sus mercados locales con productos agrícolas procesados por debajo del precio de coste. Los pequeños agricultores no pueden competir con las grandes empresas del agronegocio y las cadenas de supermercados, y por ello tendrán que abandonar su actividad y sus tierras. Además las políticas comerciales afectan negativamente a la agricultura familiar europea, insiste Morgan Ody de la Vía Campesina.

El 27 de Septiembre marcó el quinto aniversario del comienzo de las negociaciones de los Acuerdos de Asociación Económica (EPAs por su siglas en Inglés). Más de 202 organizaciones de 42 países han firmado el llamamiento del “Día Internacional para detener a los Acuerdos de Asociación Económica entre la Unión Europea y los países de África, Pacífico y Caribe”, entre ellas 13 organizaciones internacionales como ACORD, ISP, Vía Campesina y ROPPA (Red de Agricultores y Productores agropecuarios de África Occidental). Miles de activistas, movimientos sociales, organizaciones campesinas, sindicatos, agrupaciones religiosas y ONGs de África, el Pacífico, el Caribe y Europa participaron en acciones coordinadas en los cuatro continentes para protestar contra las negociaciones de estos acuerdos. Los convocantes apelaron a la Comisión Europea, al Consejo Europeo así como a los Gobiernos y parlamentos que se paralicen inmediatamente dichas negociaciones. Hicieron un llamado a la UE para que se abstenga de presionar a dichos países para firmar los EPAs. Hubo protestas en más de 36 países.

“Usando el maquillaje del término “asociación” están seduciendo con estos acuerdos a muchos gobiernos africanos y engañando al público europeo, haciéndoles creer que Europa tiene ahora un plan positivo para el mundo”, explica Dot Keet de Sudáfrica, profesora de política económica y activista de la Southern African Peoples Solidarity Network y de la Africa Trade Network. Dichos EPAs abrirán los mercados de los países ACP a la competencia devastadora de las exportaciones de la UE. Esto llevará a un aumento en la desigualdad social y la pobreza por medio de la destrucción de industrias locales, y de la agricultura campesina y familiar, causando daños al empleo y a las fuentes de sustento. Los términos establecidos dentro de los EPAs reducirán dramáticamente el necesario espacio político de los países ACP para regular y diseñar sus propias políticas económicas con el fin de satisfacer sus propios objetivos y necesidades básicas de la población.

Las organizaciones de pequeños agricultores, que representan a la mayoría de la población de los países ACP, se están movilizando para reclamar a sus gobiernos que protegen sus medios de vida y los mercados locales de la peligrosa competencia europea. También las organizaciones agrarias europeas han rechazado las negociaciones por considerar que perjudican al mundo rural y destruyen explotaciones y puestos de trabajo de la agricultura familiar en Europa.

El modelo agraria dominante está impulsado por la UE y las grandes empresas transnacionales de la agroindustria y basado fundamentalmente en la producción para la exportación. La lógica de esta concepción es que cada territorio debe especializarse en aquellas actividades que le permita tener ventajas comparativas en relación a otras zonas del planeta en una economía fuertemente globalizada. La prioridad de la agricultura, por tanto, será el cultivo de productos sustituibles para mercados lejanos. Para ello se requiere el uso intensivo de la tierra, el empleo de agrotóxicos, de semillas transgénicas, de maquinaria pesada, de mucha agua, de un trabajo esclavo, etc. El incentivo de la producción agropecuaria hacia la exportación a través de subvenciones públicas promueve que se vendan productos alimentarios en otros mercados por debajo de los costes de producción en el lugar donde se vende (dumping), hundiendo las economías locales y devastando al medioambiente.

África exporta flores, diamantes, oro, petróleo, etc. para poder importar comida siendo un continente agrícola. “Esta situación es flagrante y por ello debemos alejarnos de esta orientación de las exportaciones y de nuestra dependencia de ayuda financiera de Europa” demanda Dot Keet de Sudáfrica. La producción agraria local está siendo destruida porque bajo la actual liberalización comercial liderada por el FMI y el BM está llegando al continente africano arroz asiático, maíz americano y trigo europeo. En muchas zonas los productores locales están sufriendo la importación de yogur y queso francés, nata italiana y pollo holandés. Europa está demandando la liberación de la inversión, la protección de la propiedad intelectual de las compañías europeas, acceso a todos los sectores de servicios y acceso a las licitaciones gubernamentales y compras públicas, que son instrumentos de desarrollo muy importantes en estos países y deberían dirigirse a sus propias.

Dot Keet de Sudáfrica: “Lo que quiere Europa es que dependamos de sus empresas, porque el sector servicios supone el 70 por ciento de su PIB. Lo más importante es lograr un cambio en la balanza de poder entre los países más desarrollados y los países en desarrollo, porque los primeros no cambiarán sus políticas voluntariamente, sino gracias a la presión que se ejerza sobre ellos. Una de estas presiones es la que deben ejercer los ciudadanos de Europa, que tienen que entender el rol tan negativo que juega su continente en el mundo, particularmente en África”.[3]

Prioridades de la UE para las negociaciones bilaterales en América Latina

Una de las prioridades de la UE es eliminar las restricciones de las inversiones para el acceso a los recursos naturales, y sobre todo energéticos. Al parecer, políticas de nacionalización de hidrocarburos como en Bolivia o Venezuela están produciendo serias molestias para las empresas europeas. La Unión depende en más del 75% del petróleo exterior, proveniente en gran medida de Oriente Medio, Asia central y África, y en más de un 50% del gas de fuera de sus fronteras, principalmente de Rusia, Argelia, Nigeria y Noruega. Según Ramón Fernández Durán de Ecologistas en Acción, “estos porcentajes se dispararán en los próximos años”, con una dependencia del 93% y 84% en el 2030 respectivamente, “conforme se vayan agotando las reservas del Mar del Norte y siga incrementándose el consumo, haciendo a la Unión más dependiente aún del exterior y, por lo tanto, a su economía más vulnerable”. La UE ha definido su nueva estrategia energética conjunta en un reciente Libro Verde y el Paquete Energético, en la que se plantea una acción exterior común en esta materia. Se aboga porque la UE en bloque acuda a los mercados globales de combustibles fósiles como un solo agente, para imponer así su capacidad de negociación, advierte Fernández Durán.

En el continente latinoamericano, la UE propone además de Centroamérica a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) conformar una zona de libre comercio amplia y ambiciosa e ir mucho más allá de las reglas de la OMC al incluir en la negociación la liberalización y privatización de los servicios públicos, las compras del Estado y los conocimientos humanos por medio de reglas de propiedad intelectual.

Según un análisis de Nick Buxton, las arremetidas verbales de la derecha boliviana contra las cautelas del Gobierno de Evo Morales ante las propuestas de la UE, “fueron lo bastante punzantes como para dar la impresión de que Bolivia había anunciado el fin del comercio exterior”. El Gobierno boliviano “se encamina a un suicidio comercial”, declaró, por ejemplo, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), añadiendo que era “una de las gestiones más desafortunadas de los últimos tiempos en materia de integración”. Sin embargo, explica Buxton que colabora con la Fundación Solón, “todo lo que había hecho el Gobierno boliviano era explicar que, en las negociaciones para un Acuerdo de Asociación con la UE, no estaba dispuesto a incluir cuestiones como la propiedad intelectual, las adquisiciones estatales, el arbitraje internacional sobre inversiones y los servicios públicos”. En respuesta, Perú y Colombia amenazaron con proseguir las negociaciones por su cuenta, a menos que Bolivia flexibilizara su posición.[4] Lamentablemente, Bolivia está sentado actualmente en la mesa de negociaciones con la UE a pesar de su experiencia, durante décadas, que la mayoría de sus ciudadanos ha pagado un precio demasiado alto por el “libre comercio”. La UE recibe apenas el 3% del total de exportaciones bolivianas y, por lo tanto, no es un mercado muy significativo para Bolivia.

El 31 de mayo se celebró en La Paz un seminario internacional para evaluar los alcances e implicaciones del Acuerdo de Asociación CAN-UE desde la perspectiva de las organizaciones de la sociedad civil de Europa y de los países de la CAN (Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador). Se analizó las negociaciones CAN-UE en el contexto del alto grado de penetración de las transnacionales europeas en América Latina. “Vinimos a ese seminario en un avión europeo que compra combustible a una empresa europea y aterrizamos en un aeropuerto administrado por una empresa europea, en cuyas oficinas se trabaja con tecnología europea y se imprimen los documentos en papel producido por una empresa europea”, así se podría resumirse ese grado de penetración del capital europeo, lo que queremos cambiar para que la economía sea autogestionada y de las personas, y para que el capitalismo no tenga lugar.

Activistas del Sur y Norte coincidieron en que el acuerdo CAN-UE “es un ALCA multiplicado por dos”, es doblemente peligroso y perjudicial para la gente que lucha por los recursos naturales, un trabajo digno, la soberanía alimentaria y la gestión pública de los servicios públicos. En la declaración final se remarcó: “Los movimientos y las organizaciones sociales de Bolivia nos sentimos profundamente preocupadas por las consecuencias que podrían tener la materialización de un Acuerdo de Asociación, que en su componente comercial incluye un acuerdo de Libre Comercio, muy parecido al ALCA que enterramos hace algún tiempo.” Se lamentó que la “estrategia de la Unión Europea llamada «Una Europa Global: Compitiendo en el Mundo» sea la base de la negociación y que solamente busque instalar un área de libre comercio «ambiciosa», sin tomar en cuenta que en los países andinos existen realidades diversas, distintas y totalmente diferentes de los patrones europeos.” Añadieron que “la experiencia en países como México, que firmó un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea hace 7 años, demuestra que las alianzas con Europa benefician a las empresas transnacionales, a la banca transnacional y perjudican a la gente.” El déficit comercial de México casi se ha duplicado hasta alcanzar los 16.900 millones de US-dólares, y el país prácticamente no ha diversificado sus exportaciones, mientras las multinacionales europeas se han embolsado unos beneficios históricos.

Pensar que la UE es el bueno frente al imperialismo de Estados Unidos es un gran mito que subsiste en América Latina. La integración económica europea desde 1957, cuando se firmó el Tratado de Roma, fue un proyecto de las elites económicas y políticas, y hasta hoy es un proyecto de libre mercado. Nunca hubo integración de los pueblos, no hay una identidad europea más allá de crear un mercado único del consumismo insostenible y de la competitividad. Para integrarse a la Unión, los 10 nuevos Estados miembro del Europa del Este que ingresaron a la UE en 2004, incorporaron a su legislación nacional más de 10.000 directivas europeas sin consultar a sus poblaciones. En la actualidad hay muchos de los 500 millones de habitantes de la UE que viven sin plenos derechos, regidos por un modelo antidemocrático. El pueblo europeo sufre desde 1993, cuando se firmó el Tratado de Maastricht, un ajuste estructural radical que ha vaciado al mundo rural de sus campesinos y ha golpeado con dureza a amplios sectores urbanos. El campo europeo fue tomado por el agronegocio y los campesinos pierden paulatinamente el control sobre qué y cómo producir y distribuir los alimentos. La UE apoya además incondicionalmente las políticas del BM y FM, quienes avanzan en el modelo devorador de recursos naturales. Para cumplir con el pacto de estabilidad se vende todo lo que es posible, y la supuesta "estabilidad económica" esconde grandes capas de población empobrecida y en estado de indefensión. Especialmente la población inmigrante sufre el racismo y la exclusión social, trabaja en condiciones infrahumanas y realiza todas aquellas actividades mal remuneradas de la economía “sumergida”, asimismo mueren cada año miles de personas al intentar ingresar a la fortaleza europea sin “permiso”.

En mayo el Parlamento Europeo aprobó –con sólo 403 votos a favor, 273 en contra y 8 abstenciones- la estrategia “Europa Global”. La red Seattle to Brussels network, una alianza de 70 ONGs, sindicatos, asociaciones y movimientos sociales de 16 países[5], urgió al Parlamento Europeo –aunque sin éxito-de rechazar el informe “Caspary” que respaldó los enfoques comerciales de Mandelson. Los parlamentarios no impidieron así mayores niveles de empobrecimiento y de explotación laboral. Se ha demostrado que la apertura y desregulación de mercados así como la competitividad directa ha llevado a mayores niveles inseguridad social y laboral, desigualdades y deslocalizaciones de sectores de la economía europea que más han incrementado sus beneficios.

Notas:

[1] La ‘doctrina de Mandelson’ es la Comunicación de la Comisión Europea: ‘Global Europe: Competing in the World’ (4 October 2006). Para consultar los documentos: http://www.s2bnetwork.org/index.jsp?id=33&random=r941014045383781
[2] La carta de se puede consultar en: http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article453
[3] Para más información consultar Doot Keet: Economic Partnership Agreements (EPAs): Responses to the EU Offensive against ACP Developmental Regions. TNI, 2007. http://www.quiendebeaquien.org/spip.php?article499
[4] Nick Buxton: ¿Se encamina Bolivia al suicidio comercial? Transnational Institute, 22 June 2007. http://www.tni.org/
[5] Seattle to Brussels (S2B) Network (http://www.s2bnetwork.org/) es una red paneuropea de más de 70 organizaciones de 16 países para promover políticas comerciales sostenibles, justas y democráticamente responsable. S2B Network forma parte de la coalición mundial ‘Nuestro Mundo no está en venta‘ (http://www.ourworldisnotforsale.org/)
El largo invierno de la OMC[6]

La mayoría de los miembros de la OMC se encuentran desesperados por concluir la Ronda de Doha, nuevas negociaciones multilaterales para liberalizar todavía más el comercio y que comenzaron en 2001. Continuamente se inventan nuevos métodos para lograr avances y el Director General de la OMC, Pascal Lamy, viaja alrededor del mundo, ejerciendo presión en los Ministros de Comercio de los países en desarrollo para que estos suavicen sus demandas, y tratando de lograr la aceptación por parte del Congreso de EEUU de mayores recortes en las subvenciones agrícolas. Sin embargo, ninguna de las medidas anteriores parece estar funcionando, ya que el logro de un acuerdo en las negociaciones no parece estar cercano. EEUU no está dispuesto recortar sus ayudas agrícolas, y si EEUU no cede, la UE tampoco modificará las subvenciones de la PAC. Y, así, nada avanzará. En cambio exigen a Brasil e India –pero también a China, Sudáfrica y otros- mayores compromisos para liberalizar los servicios y la apertura de sus mercados industriales así como un mayor acceso a los mercados de productos no industriales (recursos naturales, pesca, madera, minerales, etc.). Muchos consideran que será imposible lograr avances, al tiempo que los EEUU y la UE han acordado, con el apoyo del Parlamento Europeo, crear un Nuevo Partenario Económico Transatlántico con el fin de incrementar los intercambios comerciales.
Hay serias preocupaciones de que si el G4 (EEUU, UE, Brasil, India) negocia entre ellos, fuera del alcance del resto de los miembros de la OMC, se repetirá la situación durante la Ronda de Uruguay, cuando EEUU, UE, Japón y Canadá acordaron proteger sus propios mercados, imponiendo al resto de los miembros un acuerdo negociado entre un grupo reducido de países.

El Comisario Europeo de Comercio, Peter Mandelson dijo que no permitiría que otros países logren beneficios sin ofrecer un acceso real y nuevo a sus mercados. La mayor parte de las discusiones ha girado en torno a la agricultura, pero funcionarios de la UE temen que países en desarrollo grandes como Brasil no ofrezcan las reducciones de aranceles suficientes para que los manufactureros europeos ingresen a sus mercados. "Yo insistiré con este principio básico: que debería haber recortes verdaderos y efectivos por parte de todos los grandes actores en todas las áreas clave," declaró Mandelson.[6] Basada en la información Carin Smaller: “Una alianza poco conveniente: el Renacimiento del Quad” en Actualidades de Ginebra, IATP, 3 de Abril de 2007. www.iatp.org